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En los próximos días, cuarenta ex militantes de la Unión de Juventudes Comunistas denunciarán a doce ex comisarios de la Dirección Nacional de Inteligencia por torturas cometidas en el Departamento 5 de dicha dependencia durante la dictadura.Cuarenta ex presos políticos demandarán a doce ex comisarios por torturas cometidas en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante la época de la dictadura (1973-1985). La denuncia comprende a cuarenta personas que estuvieron recluidas en el Departamento 5 de la DNI, y militaban en aquel entonces en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Los denunciantes estuvieron detenidos entre los años 1972 y 1984 en la mencionada dependencia del Ministerio del Interior (MI) y eran estudiantes de diversas carreras en esa época.

Según explicó el abogado de los denunciantes, Pablo Chargoñia, a Ultimas Noticias, la denuncia será presentada este mes ante el Juzgado Penal de turno, ya que todavía están en la instancia preparatoria del documento a presentar ante la Justicia. "Las pruebas que se aportarán básicamente son testimonios. Es el tipo de prueba más relevante en todos los casos vinculados a los derechos humanos", agregó.

Asimismo, se solicitará a la Justicia que el MI incorpore al expediente los "registros, documentos, fichajes o archivos" de la época en que los ex militantes estuvieron recluidos para aportar como pruebas materiales. De esta forma, se podrá respaldar los testimonios de los ex presos y comprobar en qué años estuvo recluido cada uno de ellos.

Según explicó Chargoñia, en las declaraciones que serán aportadas a la Justicia "se repiten varios nombres" de los ex comisarios que serán denunciados, aunque prefirió no mencionarlos ya que el caso se encuentra en etapa de investigación. Por esta vía es que también se confirmó el cargo de los policías que cometieron las torturas.

"Obviamente ellos no vieron a los policías porque estaban encapuchados o con los ojos vendados, pero escuchaban los nombres de 'el comisario tal', por ejemplo", explicó. En cuanto a la posibilidad de que no se pueda juzgar a los denunciados por la prescripción del delito, Chargoñia argumentó que se basarán firmemente en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). El abogado dijo que este texto establece que no se deben aplicar normas de prescripción en casos de agravios a los derechos humanos. En ese sentido, se solicitará a los magistrados que realicen un "control de convencionalidad". Esto significa que cada juez deberá "analizar el caso a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, si hay una norma que la desplaza, se debe aplicar la Convención. Por lo tanto no debe aplicarse la ley de Caducidad (15.848) ni normas de prescripción", explicó. Destacó que se trata de "una sentencia de un organismo internacional y de carácter obligatorio para los jueces".

En cuanto a los delitos cometidos en 1972, si bien aún no había comenzado el período de facto (1973 - 1985), igual se pueden considerar como violaciones a los derechos humanos. Esto se debe a que en este año regían las medidas prontas de seguridad