Una delegación del PIT-CNT se reunió con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, para pedirle que el partido de gobierno impulse una ley que cambie la fecha de prescripción para los delitos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Los dirigentes sindicales Washington Beltrán, Edgardo Oyenard y Raúl Olivera se reunieron con el presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto para pedirle una iniciativa legal para evitar que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriban el próximo 1º de noviembre, tal como lo dispone la ley vigente en caso de los tipificados como homicidio especialmente agravado.
El dirigente Edgardo Oyenart dijo al diario Últimas Noticias que en la fuerza política de gobierno existen "contradicciones notorias" sobre la Ley de Caducidad y que advirtieron que si no se cumple con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a eliminar todos los obstáculos para que los responsables sean juzgados reclamarán ante el organismo internacional.
El presidente del FA, Jorge Brovetto, se comprometió a analizar la situación en torno a la prescripción y evaluará las caminos a seguir. Una de las posibilidades es redactar un proyecto de ley, en el que se suspenda la prescripción de estos casos.
La prescripción al 1º de noviembre afecta solo a los que fueron tipificados por homicidio agravado. Ese delito prescribe a los 20 años de cometido, pero en los casos de la dictadura se sostiene que al no existir garantías para el ejercicio de la Justicia, el plazo comienza a correr a partir del 1º de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia. Por tratarse de casos particularmente graves se aumenta un tercio el periodo de prescripción llegando así a la fecha del 1º de noviembre.
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