La propuesta del vicepresidente Danilo Astori para derogar la ley de Caducidad, que ayer fue respaldada por el presidente José Mujica, no tendrá andamiento. El Frente Amplio no cuenta con los votos necesarios, ya que se pretende un efecto retroactivo. “La derogación no puede lograr unanimidad. Sería una declaración pública de defensa de la impunidad”, dijo a Ultimas Noticias el dirigente del PVP Carlos Coitiño, integrante de la comisión del FA que elaboró el proyecto de ley interpretativa a estudio del Senado.
Ante la negativa de los senadores Jorge Saravia (E609), Rodolfo Nin Novoa (AP) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP) a acompañar la propuesta a estudio, Astori planteó a Búsqueda la necesidad de avanzar sobre la derogación y ayer Mujica dijo al semanario que sería bueno debatirlo. Sin embargo, para los sectores que promueven la eliminación adoptar ese camino implicaría “no cumplir con la condición de permitirnos volver al punto de partida, cuando la ley no existía y los violadores de los derechos humanos podían ser juzgados”.
Coitiño dijo que su sector está dispuesto a estudiar una nueva redacción del proyecto de ley interpretativa “siempre que mantenga el objetivo de devolver al Poder Judicial el derecho que la ley le quitó, que es el de resolver en todos los casos sin necesidad de consultarle al Poder Ejecutivo. Si queremos eso, no se puede derogar”. En su último Plenario, realizado en diciembre, el FA abrió una vía de discusión para buscar salidas acordadas pero por el momento no se ha avanzado en una nueva redacción.
Para los integrantes de la comisión que elaboró la propuesta original, la responsabilidad de buscar alternativas debe recaer sobre los tres legisladores que se oponen. Para estos, la derogación tampoco sería una solución porque entienden que la ciudadanía ya se pronunció.
Por su parte, Daoiz Uriarte (VA), quien también integró la comisión de la fuerza política, apuntó que la derogación “no sería una solución porque no nos permitiría cumplir con los objetivos. Además, desde el punto de vista legal, no significaría la desaparición de los efectos de la Caducidad, por lo que ni siquiera sería satisfactoria para la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En tanto, el diputado Aníbal Pereira (MPP) recordó a Ultimas Noticias que la posibilidad de derogar la norma formó parte del análisis del FA antes que la mayoría optara por la elaboración del proyecto interpretativo. En aquel momento “se descartó porque solo tendría efecto a futuro y además se correría el riesgo de que los procesados por el artículo 4º apelen la resolución al desaparecer la ley por la que se los juzgó”.
El diputado Doreen Javier Ibarra (1001) apuntó que tanto el planteo de Astori como el respaldo de Mujica constituyen “opiniones a tener en cuenta pero, antes de pensar en derogar, hay otras instancias para cumplir. Tenemos que agotar todas las posibilidades de convencer a los compañeros para superar los obstáculos que tiene el proyecto interpretativo. Ese es el camino que manejamos y no el de la derogación”.
Asimismo, la senadora Mónica Xavier (PS) manifestó que para su partido la solución pasa por “resolver el tema desde el punto de vista de la eliminación de la norma”. Si bien no descartó la posibilidad de la derogación, señaló que el camino sería posible si se acompañara por “una forma jurídica subsidiaria que permita reunir los casos que se juzguen en el futuro y las situaciones juzgadas en el pasado. Habría que ver si se puede pensar en algún complemento”.
Desde el Nuevo Espacio (NE), el diputado Horacio Yanes celebró tanto la presentación de una propuesta por parte de Astori como el respaldo a su análisis por parte de Mujica. “Me parece elemental que, cuando un compañero propone algo, lo menos que podemos hacer es estudiarlo. Bienvenidos sean todos los elementos que apunten a que la ley de Caducidad no exista más. Para nosotros lo principal es que no esté vigente. Habrá que explorar todos los caminos y, si se puede derogar y llevar a la Justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos mediante recursos de inconstitucionalidad, bienvenido sea”, concluyó.
“SIGNIFICARÍA TOMARLE EL PELO A LA CIUDADANÍA”
Ignacio Errandonea, representante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, rechazó la propuesta de derogación de la ley de Caducidad planteada por el vicepresidente Danilo Astori y respaldada por el presidente José Mujica. “Esa solución significaría tomarle el pelo a la ciudadanía”, manifestó.
Errandonea argumentó que ese camino “no serviría para nada” aunque aclaró que “eso no significa que el proyecto de ley interpretativa a estudio del Parlamento sea mejor. Para Familiares lo único que está claro es que queremos que se termine con la impunidad”.
Si bien aclaró que no es abogado, el integrante de la organización de derechos humanos dijo a Ultimas Noticias que la principal objeción a la derogación es que “implicaría la no existencia hacia el futuro pero los que ya se ampararon quedarían sin ser juzgados. Aquí lo necesario es que la ley no exista porque desde su nacimiento es inmoral y, por lo tanto, nula”. Reclamó que Uruguay encuentre una solución jurídica que garantice que “todos somos iguales ante la ley. Si alguien tiene un planteo que se encamine a cubrir esa necesidad, nosotros lo apoyaremos pero la derogación no es el camino”.
Por otra parte, recordó que la ley de Caducidad “fue aprobada durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti por el sistema político. El pueblo no participó. Entonces ahora la solución también la tiene que dar el sistema político. Ellos nos metieron en esta inmoralidad. Ahora nos tienen que sacar”.
BRECCIA RECIBIRÁ A FAMILIARES
Representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunirán a comienzos del mes próximo con el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, para interiorizarse del proyecto del gobierno para retomar las excavaciones en el Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo. Además, reclamarán que se fortalezca la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz creada durante el gobierno de Jorge Batlle. “Necesitamos que se integre con gente de dedicación full-time para obtener información”, dijo a Ultimas Noticias el representante de la organización, Ignacio Errandonea.
En el gobierno pasado, la Secretaría estuvo integrada por Soledad Cibils (gobierno), Juan Faroppa (Familiares), Álvaro Rico y José López Mazz (Udelar).
REFORMA CONSTITUCIONAL
El Frente Amplio (FA) analizará la posibilidad de introducir cambios a la Constitución para establecer que en el futuro los convenios internacionales que Uruguay suscriba en materia de derechos humanos tengan rango constitucional. El planteo será realizado por la Vertiente Artiguista (VA) en el marco de la comisión que la fuerza política instalará para abordar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Dicha comisión será designada el 24 de este mes durante la primera reunión anual de la Mesa Política. También habrá propuestas para incorporar las nuevas instituciones del sistema descentralizado a la Constitución.
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