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miércoles, 25 de julio de 2012

plan de varados

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública realizó un pedido para acceder a la información confidencial en torno a Pluna. Ayer comenzó la auditoría en Ancap vinculada a este caso y culminó la primera etapa de una investigación interna por irregularidades en los cheques entregados por la aerolínea.


El director de ANCAP, que representa al Partido Colorado, se refirió a las declaraciones del presidente de la empresa que aseguró a Canal 4 que Matías Campiani y quienes lo recomendaron “son todos unos fantasmas”.



Amaro señaló que esas declaraciones de Sendic “reflejan una molestia que personalmente yo también tengo” debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas envío una carta en la que “claramente el Ministerio se hacía cargo de que Ancap iba a cobrar lo adeudado por Pluna”



Para el director colorado el hecho de que ahora es esté hablando de eliminar el artículo de la Rendición de Cuentas vinculado a la empresa ”genera la preocupación de que seguimos suministrando el combustible bajo una garantía que ahora estaría en duda que se cumpla”.



Amaro recordó que el 30 de mayo el directorio de ANCAP decidió cortarle el suministro a Pluna a partir del 31 de mayo y que por el pedido expreso del Ministerio se siguió adelante. “Está firmado, dice claramente el compromiso”.



El director también señaló que según le dijo Raúl Sendic, el presidente José Mujica le reiteró este martes que la empresa cobrará lo que Pluna le debe.



Este martes, Pluna comenzó el proceso de una auditoría externa que fue propuesta por Amaro y aprobada por unanimidad en el directorio para conocer los pormenores del tratamiento entre Pluna y ANCAP.



Además culminó la primera etapa de una investigación interna debido a que se recibieron cheques un periodo de tiempo mayor al que estaba estipulado por contrato.



“Hay una investigación administrativa que tiene reserva porque todavía falta notificación de los funcionarios. Después que los funcionarios contesten va a jurídica, para que jurídica responda si corresponden sanciones. En 2008 se firmó un contrato por el directorio anterior, que preveía un sistema de pago en el que el consumo de cada semana se pagaba al martes siguiente y el cheque tenía que ser cobrado al miércoles de la cuarta semana, eso está claramente establecido y si alguien se tomó la potestad de recibir cheques de una forma no autorizada va a tener que asumir las responsabilidades”, añadió.



CAINFO pidió datos de la empresa



A todo esto, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) realizó un pedido de Acceso a la Información Pública ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN) para solicitar la información, clasificada como confidencial, según señaló la organización en un comunicado.



“En los últimos días se conoció una resolución de dicho organismo (Pluna ente autónomo) que clasifica una gran cantidad de información en su poder como de carácter reservado o confidencial, entre las que se encuentran los balances y demás información relativa a esta empresa mixta, hoy en vías de liquidación. CAinfo considera que la resolución no cumple con los estándares del derecho a la información, en virtud de que no se fundamenta objetivamente los motivos por los cuales cada uno de esas informaciones son exiliadas del escrutinio público. Pero en el caso de Pluna en particular, no se comparte la decisión de mantener dicha información bajo confidencialidad, en el entendido de que esa empresa fallida ha sido destinataria de fondos y garantías estatales por centenas de millones de dólares, lo cuál no debería quedar fuera del marco de transparencia del Estado democrático y de Derecho”, afirmaron.



“Ante esta situación, cabe recordar que la Ley de Acceso a la Información Pública se basa en el principio de máxima divulgación de los actos y documentos en poder del Estado, siendo violatorio del derecho a la información las declaraciones genéricas de información reservada y/o confidencial. La Ley de Acceso a la información debe interpretarse a la luz del Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (derecho a buscar, recibir y difundir información) y de los artículos 29, 72 y 82 de la Constitución de la República”, agrega el comunicado

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