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viernes, 13 de julio de 2012

facturas al dia

"Nosotros queremos que se haga justicia en cuanto a que él no fue el mayor defraudador de la historia de Uruguay", afirmó el abogado Leonardo Costa, luego que el Ministerio de Economía concluyera que el empresario Francisco Casal no incurrió en defraudación por impuestos, pese a su litigio desde el 2002 con la DGI.El empresario Francisco "Paco" Casal mantiene desde el 2002 un diferendo con la Dirección General Impositiva por el pago de impuestos. El organismo asegura que Casal debe pagar el Impuesto a la Renta de Actividades Empresariales y el Impuesto al Patrimonio, por lo que debería un total de 100 millones de dólares, algo que es negado por Casal.




En el día de ayer, el semanario Búsqueda asegurabas en base a fuentes del Poder Ejecutivo que se detectaron errores en perjuicio de Casal y que había informes contradictorios con los dictámenes en los que se basó la DGI para formular las denuncias.



Finalmente, el Ministerio de Economía resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que la DGI venía planteando contra el empresario, según amplía hoy el diario El Observador.



Una resolución firmada por el ministro Fernando Lorenzo desestima la acusación de defraudación, mientras el fiscal de gobierno Miguel Toma recomienda iniciar una investigación administrativa ante la sospecha de desvíos en la acción de la DGI. Además, la resolución del Ministerio redujo de 10 a cinco años los plazos para calcular los impuestos que presuntamente debe Casal, por lo que la deuda se reduce de 100 a 10 millones de dólares. La defensa de Casal, sin embargo, espera que la Justicia termine sentenciando que el empresario no debe pagar dinero alguno.



El informe en el que se basó el Ministerio de Economía concluye que "en el presente caso no se configura defraudación tributaria", explicando que Casal no sabía que debía pagar impuestos, por lo que "el dolo y el fraude quedan desvirtuados y no puede ser imputada infracción".



En conversación con Radio Carve, el abogado Leonardo Costa, que asesoró al empresario, explicó que "no hubo defraudación, como nosotros decíamos".



"Casal no debe impuestos porque el impuesto se crea en el año 2007 y antes no existía regulación al respecto. Somos optimistas en que se reconsiderará la situación y se archivará", afirmó.



"Este dictamen avala el argumento de que la intermediación que realiza el empresario en el exterior no está gravada por impuestos", dijo.



Para Costa, "hay informes de todos los catedráticos en esta materia que concluyen que no se adeuda tributo alguno".



Sin embargo, el empresario no planea hacer una contrademanda si se comprueba que fue falsamente acusado desde el 2002. "Nosotros queremos que se haga justicia en cuanto a que él no fue el mayor defraudador de la historia de Uruguay. Tiendo a pensar que se pueden cometer errores pero acá no vamos a estar buscando responsabilidades ulteriores", concluyó.









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