jueves, 7 de julio de 2011
destrucción y entendimiento
Adda Garré, de la ONG Todos por Punta del Diablo, dijo a Montevideo Portal que los vecinos del lugar tienen "posiciones encontradas" sobre las demoliciones que realizará la intendencia de Rocha en la zona Sur del balneario. "La gente comienza a levantar ranchos sin pensar en las consecuencias ambientales", dijo Garré.
La Intendencia de Rocha se dispone a demoler más de 70 viviendas ubicadas en la zona sur del balneario Punta del Diablo. Dichas edificaciones están ubicadas en terrenos fiscales y casi todas pertenecen a personas que no son residentes permanentes del lugar.
Adda Garré, de la ONG Todos por Punta del Diablo, dijo a Montevideo Portal que las posiciones sobre el tema "son encontradas".
"Unos opinan una cosa y otros opinan otra. Son pocos los que viven en esa zona todo el año. Hace unos años se realizó un censo y se sabe quiénes son las personas que viven ahí. También quiénes vendieron sus ranchos. Si hablamos sobre la identidad del lugar, da pena que algunos ranchos se tiren. Nosotros como ONG no tomamos posición formal al respecto, pero hay que tratar de ser lo más razonable posible", dijo Garré.
La integrante de "Todos por Punta del Diablo", explicó que una situación similar se registró en la playa "De los Pescadores"."Se tiraron los ranchos y no veo que nadie critique cómo quedó la playa. En su momento fue doloroso que los tiren, pero hoy en día todos están contentos de cómo esta. Es parte de un proceso y es algo que todo el mundo sabía que iba a pasar".
Con aviso
Según publica el diario El País, "los afectados son, en su mayoría, veraneantes. Los pobladores permanentes que se queden sin hogar, en tanto, recibirán atención de la administración municipal para reubicarse".
El matutino agrega que "las primeras demoliciones se realizaron en la playa De los Pescadores durante la gestión del ex intendente Adauto Puñales. Otra etapa fue en la administración de Irineu Riet Correa cuando fueron removidas 67 casas, y en el primer período de Artigas Barrios cuando fueron derribadas 47 viviendas".
Consultada por Montevideo Portal, Adda Garré explicó que la zona comenzó a crecer sustancialmente a partir de 1989. "Si bien la comuna es responsable, la gente comienza a levantar más ranchos sin pensar en las consecuencias ambientales. La gente que compra ahí sabe que compra sin comprar nada. Sabe que eso tarde o temprano va a suceder".
"De a poco hay que ir ordenando. Por ejemplo: en los terrenos fiscales se alquila esta casa sin condiciones mínimas. Sin electricidad ni saneamiento. Después se levanta una casa en terreno privado que cumple con todos los requisitos y pagando todos los impuestos. ¿En qué medida somos justos con la gente que viene a invertir, respecto a la gente que se instala en terrenos fiscales?".Según Garré hay vecinos que se están juntando y la idea es contratar un abogado para apelar. "Pero la IMR tiene una posición tomada y si los vecinos justifican que no tienen otra propiedad, sus ranchos no se van a tirar".
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