Con la firma de Jose Mujica, Presidencia rubricará un decreto que deroga por la vía administrativa casos puntuales de violaciones a los derechos humanos cuya investigación fue impedida en gobiernos anteriores, como el caso del militante comunista Álvaro Balbi. Según Mujica, "hay cerca de 80 resoluciones" de este tipo.
Luego de que el presidente José Mujica interviniera en la discusión del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, advirtiendo a los representantes parlamentarios sobe los riesgos de aprobar una norma que puede causar efectos electorales negativos, la Mesa del Frente Amplio busca una alternativa que pueda contemplar la decisión del Plenario (de acabar con los efectos de la Caducidad) y la postura de José Mujica.
La diputada Daniela Payseé se refirió a este tema esta semana, tras la reunión del Plenario, al explicar que una solución intermedia podía apuntar al pasado y al futuro: por un lado, derogar mediante decreto los recursos que impidieron estudiar casos de violaciones a los derechos humanos en el pasado, y por el otro derogar -y no anular- la ley de Caducidad para que no siga rigiendo a futuro.
Según confirmó hoy el mismo Mujica a Búsqueda, Presidencia firmará decretos que habilitan a derogar por la vía administrativa los recursos que en gobiernos anteriores impidieron investigar casos de violaciones a los derechos humanos. El presidente José Mujica firmará estos decretos para que se reabran estos casos puntuales que en anteriores administraciones no tuvieron curso.
Un caso de actualidad, por ejemplo, es el de la familia del militante comunista Álvaro Balbi.
Balbi fue asesinado en 1975 en el centro clandestino "Infierno Grande", en los fondos del Batallón de Infantería Nº 13. El 26 de octubre de 1985 la militante Lille Caruso presentó una denuncia por el "crimen con intencionalidad" de su esposo, Alvaro Balbi.
El entonces presidente de la República, Julio Maria Sanguinetti, decidió incluir el caso bajo el amparo de la Ley de Caducidad mediante un decreto firmado por el entonces ministro de Defensa Hugo Medina, en 1988.
El decreto que rubricará Mujica permitirá que casos puntuales como éste se reabran. Según manifestó al propio presidente al semanario, además del caso de Balbi hay "cerca de otras 80 resoluciones" dictaminadas por gobiernos anteriores que impidieron que se investiguen casos de violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales serán también revocados por decreto.
José Mujica también confesó al semanario que llamará al diputado Vïctor Semproni (que dio marcha atrás en el voto al proyecto interpretativo tras conocer la postura de Mujica) para decirle "que no vote contra el Frente Amplio". "Que no se inmole y que vote lo que resuelva el Frente Amplio", dijo el mandatario.
En otra información que proporciona Búsqueda hoy, se supo que la Suprema Corte de Justicia, por cuatro votos a uno, falló que los crímenes cometidos durante la dictadura fueron homicidios y no delitos de lesa humanidad. De esta forma, al ser homicidios, prescriben en noviembre de este año, cuando los delitos de lesa humanidad se siguen cometiendo hasta que aparezcan los cuerpos.
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