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La carta que firmaron en conjunto los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, en rechazo al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, concitó reacciones en un amplio sector de la clase política que pide respetar la voluntad popular.

Varias voces se sumaron a la "alerta a la conciencia cívica" que lanzaron los ex presidentes colorados Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, y que se recoge en un documento publicado el domingo en El País.

El actual líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, manifestó que le parece "muy bueno" que dos ex presidentes hagan "un llamado a la cordura del actual presidente (José) Mujica, que es el que está atrás de este proyecto de ley".

El conductor de Vamos Uruguay agregó que los dos autores de la mencionada carta "no son cualquiera, ya que Dr. Sanguinetti, cuando el Partido Colorado perdió en el 1989 entregó el gobierno al Partido Nacional respetando lo que la gente decidió". En el mismo sentido se refirió a Batlle: "cuando perdimos la elección en 2004, le entregó el gobierno al Frente, respetando la voluntad popular", dijo."Esto es un contraste con lo que está exhibiendo el señor Mujica, que a pocos meses de instalarse en el gobierno no quiere respetar la voluntad popular (en referencia al plesbiscito para anular la ley de Caducidad, que fue derrotado en las urnas). Es preocupante esa actitud porque Mujica va a tener que entregar el gobierno también; ¿no lo va a respetar tampoco?", se cuestionó.

En la carta que hicieron pública Sanguinetti y Batlle califican la iniciativa de la izquierda como un "atentado a la institucionalidad" y un "agravio a la ciudadanía", cuyo pronunciamiento se pretende desconocer "por un tortuoso método".

CAPRICHO Y BURLA. En ese mismo sentido abundó ayer el ex presidente y actual senador nacionalista Luis Alberto Lacalle, para quien el tema ya fue laudado. El ex mandatario dijo que el Partido Nacional "no irá contra la soberanía y el voto popular".

"La ley ha sido defendida por la gente en las urnas", subrayó Lacalle, que consideró que el Frente Amplio está embarcado en "un capricho".

"Con este mecanismo (el de eliminar los efectos jurídicos de la norma) la ley de Caducidad va a seguir existiendo. ¿Por qué no la derogan entonces que para eso tienen mayoría en el Parlamento?", preguntó el ex presidente. "No derogan la ley porque no quieren, y no han logrado el apoyo popular porque no pueden", sostuvo Lacalle.

Por su parte, el senador Jorge Larrañaga sostuvo que el tema "no da para más".

"El Frente Amplio debe dejarse de embromar, por favor", expresó con ánimo.

Larrañaga también dijo que la presentación de este proyecto es "una burla al pronunciamiento popular", y complementó la idea afirmando que "burlarse de la voluntad popular es también intentar convocar un tercer plebiscito" sobre la misma ley.

El senador de Alianza Nacional entiende que "la gente quiere respuestas en materia de seguridad, y los legisladores del oficialismo salen con intentos de esta naturaleza, que no corresponden", dijo.

LEGÍTIMO. En filas del Frente Amplio no hubo reacciones públicas entre los principales dirigentes, a excepción del senador Rafael Michelini, quien entendió que la carta de Batlle y Sanguinetti es "una opinión más".

A juicio de Michelini, "nadie puede desconocer que si se consagra esta ley sería un acto absolutamente legítimo".

Para el senador del Frente Líber Seregni, "el atentado a la justicia lo procesó el Parlamento en 1986 cuando le quitó a las víctimas y a la ciudadanía toda, la posibilidad de comparecer ante los tribunales para exigir que se haga justicia".

Agregó que "no se puede invocar la voluntad del pueblo en un momento específico, porque los hombres luchamos por ideales. Si el resultado del plebiscito del `80 hubiera sido a favor de la dictadura, ¿no hubiéramos seguido luchando una y otra vez para que volviera la democracia?", se preguntó.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró por su parte que el proyecto interpretativo impulsado por el Frente Amplio es "flagrantemente inconstitucional, y al mismo tiempo no respeta la voluntad popular. En ese sentido, las afirmaciones de la carta son compartibles", expresó.

Precisó sin embargo que "durante las presidencias de Sanguinetti y Batlle la interpretación que se hizo de la ley fue excesivamente restrictiva. Se aplicó con un criterio que no recogía la propia ley".

Frente a los argumentos políticos, varios cuestionamientos se han hecho al proyecto desde el punto de vista legal. Diversos constitucionalistas sostienen que el proyecto vulnera principios básicos de la seguridad jurídica.

Reacciones a favor y en contra
"¿Por qué no derogan la ley si tienen la mayoría? El tema ya está laudado. No derogan la ley porque no quieren y no logran el apoyo popular porque no pueden ".

Luis Alberto Lacalle

"Mujica está detrás de todo esto. No quiere respetar las urnas y es preocupante, porque él también tiene que entregar un gobierno; ¿no lo va a respetar?.

Pedro Bordaberry

"Es sólo una opinión más. Nadie puede desconocer que si se consagra esta ley ahora en la Cámara de Senadores, sería algo absolutamente legítimo".

Rafael Michelini

La Corte de la OEA "no puede pasar por encima de la soberanía y la Constitución"
La OEA, en cuya Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dirime la demanda de Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, "no tiene fuerza política" para imponer una condena a Uruguay, a juicio del ex presidente Jorge Batlle y otros expertos consultados sobre el tema.

La demanda de Gelman, en la que se solicita a la Corte que ordene a Uruguay "adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para que quede sin efecto la Ley de Caducidad", podría resolverse con un pronunciamiento favorable, pero la Constitución uruguaya no admite que los convenios internacionales estén por encima de la soberanía nacional, que se expresa a través el cuerpo electoral.

La CIDH ha dictado, en varias oportunidades, sentencias condenatorias contra estados parte. El pasado 24 de agosto, por ejemplo, dictó una tercera sentencia condenatoria contra Paraguay por la violación de los derechos de la comunidad indígena Xákmok Kásek. Dos pronunciamientos similares, en 2005 y 2006, no habían sido cumplidos por el gobierno guaraní. Uruguay, de hecho, "ya tuvo un fallo adverso hace 20 años", aseguró el ex presidente Julio María Sanguinetti. "Por supuesto, pasó desapercibido, no pasó nada, como todo lo que ocurre en esa Corte".

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Abreu entiende que en la iniciativa del Frente Amplio de supeditar la anulación de la ley de Caducidad al influjo de esa demanda, subyace la idea de que la soberanía nacional debe resignarse en virtud de lo que determinen las convenciones internacionales, lo que violenta la Constitución, "que no admite ese precepto".

De hecho, el Pacto de San José de Costa Rica, una de las bases del sistema interamericano, suscrito por Uruguay, y en el que se establece que "la vida comienza a partir de la concepción", podría esgrimirse contra una eventual ley sobre el aborto.

Para Abreu, el orden jurídico de nuestro país tiene tres rangos esenciales: primero, la soberanía popular ("Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana", decía Artigas); segundo, la Constitución; tercero la Ley.

En la CIDH también se dirime una demanda de los ahorristas del Banco de Montevideo contra el Estado uruguayo.