Uruguay prepara el juicio que la tabacalera internacional Philip Morris le inició por la prohibición de vender distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos.
El canciller Luis Almagro dijo este mediodía tras la reunión del gabinete productivo que el gobierno ya nombró abogado y árbitro para enfrentar la demanda ante el CIADI, el tribunal internacional con sede en Washington.
El mismo bufete de abogados que defendió a Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las diferencias con la República Argentina respecto a la planta de UPM será quien esté al frente de la defensa de Uruguay ante Philip Morris en un caso mundialmente sin precedentes.
El bufete Foley, Hoag & Elío, de Boston, Estados Unidos, llegó rápidamente a un acuerdo con Uruguay respecto a los argumentos que se presentarán en esta primera etapa que se estima finalice en marzo del año 2011, dando comienzo al juicio en sí. Diversas organizaciones no gubernamentales a nivel mundial manifestaron su apoyo y cooperación con Uruguay. De hecho, la ONG Tobbaco Free Kids colaborará con dinero y apoyo técnico para el arbitraje. Desde el gobierno se estima que esta ayuda financiera "alcanza y sobra" para cubrir los gastos de esta etapa preliminar, que llegan a los 200.000 dólares.
La elección de este estudio de abogados se basó en un conocimiento del equipo técnico y en que están especializados en las demandas ante el CIADI, definió Almagro, haciendo referencia a que el resto de los estudios de abogados que se presentaron al llamado de cancillería presentaron presupuestos similares. Además, se fijó de antemano el honorario, en caso de que se supere la cantidad de horas de trabajo fijadas.
Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda a Uruguay, "y por lo tanto están dadas las condiciones para realizar esta etapa con tranquilidad y poniendo un norte claro a este tema", explicó el ministro.
Si bien en esta primera etapa hay un límite de horarios, los tiempos no suelen manejarse previamente. De todas maneras, el gobierno estima, a priori, que el proceso no va a durar menos de 3 o 4 años si se siguen todos los pasos.
"Todas las políticas del gobierno de (Tabaré) Vázquez son perfectamente defendibles. Vamos por el mismo camino y en breve agregando una ley que fortalece aspectos políticos fundamentales" dijo Almagro.
Finalmente, se recordó que no hay antecedentes en el mundo de un caso como este, "es un caso líder, por lo tanto todos quieren participar porque como se resuelva esto va a sentar jurisprudencia" dijo el ministro.
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