Gonzalo Fernández no informó al FA ni al Partido Socialista que su esposa defendió a un gerente del ex Banco Montevideo y que, tras la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso, ella pidió la clausura del expediente.
El tema será analizado por el Senado, donde el colorado Ope Pasquet solicitará el lunes convocar a una sesión extraordinaria a los efectos de votar la creación de una comisión investigadora parlamentaria, para lo que sostuvo tiene el apoyo del Partido Nacional.
También estudiará el tema la Mesa Política del Frente Amplio (ver recuadro), que en su reunión de la pasada semana expresó un cerrado respaldo al accionar de Fernández -quien fue secretario de Presidencia y ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa durante el gobierno de Tabaré Vázquez-. En declaraciones a Canal 5 desde Argentina, la abogada y ex fiscal Cecilia Salom -pareja de Fernández e integrante de su estudio jurídico- dijo que en representación de un ex director del Banco de Montevideo no promovió la clausura del proceso, sino que lo hizo la defensa de los Peirano.
Fuentes del caso dijeron a El País que, en realidad, ninguna defensa promovió la clausura del caso, sino que tras la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, la jueza Graciela Gatti -entonces a cargo del expediente- dio vista a los abogados y la fiscalía para que se pronunciaran sobre el cambio legislativo que derogaba el delito por el que sus defendidos fueron procesados en agosto de 2002.
Los abogados de todos los procesados, incluida Salom, se pronunciaron a favor de la clausura, añadieron las fuentes.
Luego que la jueza Mariana Mota -quien actualmente tiene el caso- rechazó la clausura, todos los abogados con excepción de Salom apelaron la decisión y el Tribunal de Apelaciones de 3° Turno les dio la razón.
Fuentes judiciales indicaron que la fiscal penal que interviene en el expediente, Raquel González, presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte en contra de la clausura del expediente, debido al cual los hermanos Peirano Basso son primarios para la Justicia.
derivaciones. El "affaire Gonzalo Fernández" -debido a los indicios de que promovió la derogación de la norma que habilitó la clausura del expediente de los hermanos José, Jorge y Dante Peirano-, lejos de terminarse en la sesión del Senado del martes pasado, tiene nuevas derivaciones partidarias, legislativas e incluso judiciales.
Ayer viernes, el semanario Brecha publicó que Salom solicitó la clausura del expediente penal por el cierre del Banco de Montevideo, tras la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 por el que fueron procesados los hermanos Peirano y otros jerarcas de esa institución financiera, entre ellos su cliente Domingo Ratti.
En 2008 -cuando se analizaba la derogación del artículo- Fernández les aseguró al senador Sergio Abreu y al diputado Álvaro Lorenzo (ambos nacionalistas) que a su entender dicha derogación no causaría ningún efecto en el expediente de los Peirano.
Desde 2008 a la fecha, tanto a Abreu, a Lorenzo como al Partido Socialista (PS) que integra y de cuya bancada Salom es asesora, el ex canciller omitió comunicarles que su estudio representaba a uno de los procesados por ese caso.
En la pasada jornada, el PS emitió una declaración en la que respaldó lo actuado por Fernández y aclaró que no conocía que Salom ejercía la defensa de uno de los directores del ex Banco de Montevideo.
El secretario general del PS, Eduardo Fernández, reconoció que en estos días en que fue cuestionado, Gonzalo Fernández tampoco informó a su partido que su esposa era abogada de uno de los procesados por el caso Peirano. Y agregó que se conversará con él sobre esto.
"Mi calidad de asesora del PS es independiente de la actividad que el doctor Gonzalo Fernández cumple como miembro del PS. Yo tengo una clara filiación frenteamplista pero no estoy afiliada al partido. Él no tiene por qué estar informándole a los compañeros de bancada sobre aquellos asuntos en los que tengo injerencia desde el punto de vista profesional", sostuvo Salom al canal estatal.
Ayer, el abogado Gustavo Salle presentó un escrito ante un juzgado en crimen organizado, dando cuenta de esta situación, en la que solicita se investigue al ex secretario de la Presidencia como posible articulador de una maniobra para beneficiar a los hermanos Peirano Basso.
La polémica llegará a la Mesa Política
La Mesa Política del Frente Amplio tratará el lunes 23 la situación del abogado penalista González Fernández -ex secretario de la Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez-, tras conocerse ayer que su pareja, la también abogada Cecilia Salom, pidió la clausura del expediente de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso días después de que en noviembre de 2008 se derogara el artículo 76 de la ley 2.230, por la que habían sido procesados en agosto de 2002.
En la mañana del lunes, el Ejecutivo del MPP solicitará a la Mesa Política del Frente Amplio que analice eventuales responsabilidades de Fernández en la derogación de dicha norma. A instancias del MPP se convocará al senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y a la ex senadora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) para que brinden detalles sobre el proceso que llevó a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230.
El lunes 16, la Mesa Política del Frente Amplio, por mayoría, respaldó a Fernández ante las acusaciones del senador blanco Sergio Abreu sobre que éste había sido el promotor de la derogación del artículo 76.
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