un camino sencillo

La comisión especial encargada de dar cumplimiento a la ley 18.596 definió en la pasada administración que no repararía a familiares de desaparecidos y fallecidos en dictadura hasta que el Poder Legislativo apruebe una norma interpretativa del artículo 11, inciso A. Ese punto de la norma fija una indemnización de 500.000 unidades indexadas por única vez para “los familiares de las víctimas, hasta el segundo grado por consanguinidad, cónyuge, concubino o concubina, que fueron declarados ausentes por decisión judicial [...] o que hubieren desaparecido en hecho conocido de manera pública y notoria [...] o que hubiesen fallecido, a raíz o en ocasión del accionar ilegítimo de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos”.

Las dudas en la interpretación apuntan a si la preposición “hasta” es inclusiva o exclusiva. En una reunión con la Asociación de ex Presos Políticos Crysol, el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ricardo Ehrlich -quien asumió como presidente de la comisión-, se comprometió a clarificar la situación mediante decreto. La información fue ratificada desde el ministerio, aunque todavía no está resuelto qué criterio prosperará ni qué fecha límite se estableció para definirlo.

Por otro lado, la comisión estudia un borrador propuesto por el Ministerio de Salud Pública -que también quedará efectivo por decreto- para cumplir con el artículo 10, que otorga acceso “en forma gratuita y vitalicia” a prestaciones médicas que “incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica”. Los beneficiarios de la ley que ya fueron notificados -todos ellos por haber nacido en cautiverio o haber permanecido más de 180 días presos con sus padres- deberán aguardar la aprobación de este decreto para hacer uso de estas prestaciones.

En cuanto a la reparación pecuniaria, el MEC informará esta semana a los diez primeros amparados cuál es la fecha de pago, según informó a la diaria la alterna de Ehrlich en la comisión, Gianella Bardazano. La afirmación de la jerarca surgió luego del reclamo planteado a la diaria por Alba Coito -una de las ya habilitadas para ser indemnizadas-, quien explicó que hubo “incomunicación” en torno al procedimiento, ya que primero se les indicó que sería el Ministerio de Economía y Finanzas el encargado de entregar el cheque, aunque desde el 3 de mayo la autorización está en el MEC, a pesar de lo cual no se ha concretado. Miembros de la comisión confirmaron a la diaria que hubo un cambio en el mecanismo, y que el MEC resolvió que se encargaría de entregar los cheques.

En otro orden, también se está trabajando en el documento que “acreditará la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado la dignidad humana”, como establece en el artículo 9. Con ese fin se abrió un período de consultas hasta el 30 de mayo para que las organizaciones sociales determinen la forma y el contenido que tendrá dicha documentación. Sobre el tratamiento de los expedientes, la comisión ya notificó otras aceptaciones a más de 30 personas que nacieron en cautiverio o permanecieron más de 180 días privadas de libertad con sus padres, y comenzó a analizar casos que puedan estar comprendidos en el artículo 11, inciso B, que ampara a quienes “hubiesen sufridos lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado”.