apture

viernes, 12 de noviembre de 2010

sin acuerdos


Ya es imputable
El político más limpio no es el que más se baña sino el que menos se ensucia. Bueno, sí, hay otros más limpios todavía: los que no tuvieron tiempo de embarrarse. Así lo explicó Pedro Bordaberry poco después de las elecciones internas que lo encumbraron en el liderazgo del Partido Colorado: “A Mujica se lo acusa de su pasado. A Lacalle se lo acusa de su pasado. A mí no se me acusa de mi pasado: a mí que me revisen”.

Aquel presente indefinido debería conjugarse en otros tiempos y en otros modos. Bordaberry no es un recién llegado: por estos días está cumpliendo la mayoría de edad en la profesión que eligió, pues hace 18 años ocupó su primer cargo político, el de director nacional de la Propiedad Intelectual, cuando tenía 32. Transcurría la presidencia de Luis Alberto Lacalle y lo recomendaba Jorge Batlle, el principal socio del gobierno fuera del Partido Nacional.

Volvió luego por un período y pico de vuelta en el ejercicio de la abogacía, hasta que Batlle lo llamó, ahora como presidente, para que acompañara a Alfonso Varela como segundo del Ministerio de Turismo, más que nada para ocuparse del área deportiva. Sabía. El hombre practica rugby, fútbol y básquetbol y es un doctor en leyes. A nadie le extrañó que pasara a encabezar la cartera. Sabía de lo otro. Conoce el país de punta a punta y la preciada costa este, en particular, esa Punta no le es nada ajena. No sorprendió tampoco que volviera al Ministerio de Industria, esta vez para conducirlo. También sabía: tiene un posgrado en Derecho de la Empresa y su especialización como abogado de marcas y patentes lo obliga a conocer en profundidad el sector y sus actores. Hace cinco años sacó diploma de líder político en su primer examen como candidato de primera línea. Su apuesta en las municipales de mayo de 2005 más que triplicó las fichas que había sacado Guillermo Stirling en las nacionales siete meses antes: el Partido Colorado saltó de 9% a 26% de los votos montevideanos. Era natural que con ese caudal llenara el vacío de liderazgo que se venía abriendo al menos desde 1989 por el nunca zanjado conflicto entre los ancianos ex presidentes Batlle y Julio María Sanguinetti, dedicados en el ocaso de sus carreras a piantar votos con un entusiasmo digno de mejor causa. En junio de 2009 ganó la candidatura presidencial colorada y en octubre duplicó la votación de Stirling. O sea que en tres elecciones supo aplicar las reglas del juego político en provecho de sus posiciones.

A estas alturas, Bordaberry tiene una trayectoria. Tiene un pasado. Tiene un presente. Se lo puede evaluar por eso. ¿Quién es el líder hegemónico del Partido Colorado?

Pedro Bordaberry juega fuerte. Suele definirse no tanto por sus propuestas sino en el choque, a veces violento, con otros dirigentes. La grabación clandestina y posterior divulgación de sus conversaciones con Rafael Michelini y Gonzalo Fernández encendieron la primera señal de ese patrón de conducta. Las últimas fueron sus ataques al líder de la minoría centrista del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, y la imposición a la convención colorada, sin un estudio serio, de su todavía ni siquiera redactada propuesta de reforma constitucional para reducir la edad de imputabilidad penal.

Pedro Bordaberry es contradictorio. Para este defensor del principio de la “tolerancia cero” en la lucha contra la inseguridad ciudadana debe caer todo el peso de la ley penal sobre los adolescentes infractores, pero el jefe de la peor banda criminal de la historia uruguaya debería estar en libertad y es necesario garantizarles a los delincuentes extranjeros el derecho a depositar su dinero mal habido en la city montevideana. Pedro Bordaberry es poco serio. Uno de sus principales insumos para proponer nada menos que una reforma constitucional son estadísticas aportadas por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien deberá comparecer ante el Parlamento convocado por legisladores colorados que cuestionan esas mismas cifras.

Pedro Bordaberry es inconsistente. Rebajó el discurso político en Uruguay a una mera enumeración de consignas de 140 caracteres emitidas vía Twitter. En columnas y declaraciones usa y abusa de la cita intelectual, hasta de las inexistentes, como ésta que dijo entrevistado por La República: “Decía Voltaire: ‘Puede no gustarme lo que me preguntas, pero daría mi vida para que pudieras hacerlo’”. A veces se le trabucan las ideas y no lo salva ni el refranero popular, como cuando exhortó a Sanguinetti y a Batlle a cooperar con él: “Para bailar el tango se necesitan dos. Yo creo que ellos van a bailarlo con nosotros”, dijo, en una extraña operación aritmética, en esa misma entrevista.

La figura de Pedro Bordaberry encaja con estos tiempos de virtualidades. Estos 18 años no han bastado para saber si es o parece de derecha, si es o parece inteligente, si es o parece buen tipo. Ni si lo que le importa es Uruguay o llegar a presidente.

jueves, 11 de noviembre de 2010

con los problemas en la mesa


Alcaldes capitalinos advierten “resistencias” al proceso de descentralización.

Aunque los ocho municipios capitalinos están en proceso de instalación y comenzarán a cumplir plenamente sus funciones a partir del próximo año, cuando entren en vigencia sus presupuestos, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y los alcaldes reclaman una descentralización efectiva de las oficinas del Palacio de 18 y Ejido frente a “resistencias institucionales” por parte de funcionarios y directores departamentales.

Es la chance
Entre este viernes y sábado se realizarán los ocho cabildos abiertos en los distintos municipios capitalinos, donde los alcaldes presentarán las líneas estratégicas de la gestión y recibirán de todos aquellos que concurran propuestas para ejecutar en el quinquenio. Con esa base, los municipios armarán el presupuesto en conjunto con la intendencia, explicó el secretario general de la IM, Ricardo Prato.

El domingo, la convención departamental de Montevideo del Partido Socialista (PS) emitió una declaración en la que advierte que “no va a ser sencillo vencer las resistencias institucionales y las inercias burocráticas que tienden a autopreservarse y dificultan la afirmación del proyecto de descentralización que debe tener como centro la acción de los ocho municipios”. Se refiere al proceso de descentralización de las funciones que hasta ahora realiza el gobierno departamental -y organizan los directores de departamento- y que a partir de la instalación de los ocho municipios deben ejecutar las alcaldías. La declaración también ratifica la confianza en el “liderazgo de Ana” para vencerlas.

El alcalde del municipio G (que abarca los barrios Colón, Prado y Melilla, entre otros), Gastón Silva (PS), consideró que la instalación de los municipios supone “otro estado: se da un presupuesto a los municipios y se pretende que se responda en menos tiempo y mejor forma a las demandas de los vecinos”, principalmente en los aspectos de vialidad, alumbrado y áreas verdes, que a partir del próximo año son claras competencias de los gobiernos municipales.

“Las diferencias surgen porque el personal sigue estando radicado en la Intendencia de Montevideo (IM)”, y la posibilidad de contar con personal propio en los municipios “hoy es limitada”, explicó Silva. Por ejemplo, consideró que para su municipio sería necesaria una cuadrilla de bacheo de 30 funcionarios, cuando actualmente tiene cinco. “Es un tema cultural, los directores están acostumbrados a tener recursos y personal, y ahora tienen que responder a los municipios, porque es prioridad. Es muy difícil cambiar la cabeza de los jerarcas o de los directores, abrir su capacidad de gestión, porque nadie quiere perder espacio”, reflexionó. Para Silva, el Frente Amplio (FA) se juega mucho en el cambio de este modelo de gestión. “El FA ya tuvo su luz amarilla con las elecciones de mayo, y ahora la apuesta es a que los municipios respondan”.

Para el alcalde del municipio CH (que abarca, entre otros, los barrios La Blanqueada, Pocitos, Parque Batlle y Buceo), Luis Luján (CAP-L), las resistencias se dan en toda institución en la que “se establece una nueva pirámide de poder”. Destacó que a partir de este cambio “los directores están en función de los alcaldes”. Luján reconoció que no es fácil el diálogo entre el municipio y las oficinas centrales, y muchas veces requiere la intervención de la intendenta, pero recalcó que es un proceso que lleva sólo cuatro meses de implementación. “Hemos tenido dificultades, pero se lo decimos a Ana los martes de mañana [en la reunión semanal] y los directores después nos responden”, admitió.

Permanente y constante
“Es un tema que va contra todas las resistencias habidas y por haber, hay una vocación de hacer centralmente que permanece en la institución”, opinó la intendenta capitalina en diálogo con la diaria. Olivera explicó que a partir de 2005 dos áreas que habían estado descentralizadas por diez años, alumbrado público y áreas verdes, volvieron al edificio central de la comuna por decisión de la administración de Ricardo Ehrlich. Aunque la intendenta consideró un criterio “interesante” el utilizado en el período pasado, ahora hubo que reiniciar el proceso al revés, ya que alumbrado y áreas verdes son competencias de los municipios. “Muchos funcionarios vuelven a pensar que el trabajo en el territorio es como un castigo”, consideró. Para Olivera, la transformación “es de todos los días, seguramente sea hasta que la ciudadanía legitime que la actuación descentralizada es lo que más sirve”.

Si bien la jefa departamental dijo que parte de estas resistencias se encuentran entre los funcionarios, reconoció que hay debates en el equipo de gobierno actual, “porque nada te invita a ser descentralizado” y porque existe en todos los niveles “una incomprensión del proceso de descentralización”. La responsabilidad también recae en todas las fuerzas políticas, según la intendenta, porque si bien la Ley de Descentralización estuvo tres años en la agenda, “no supimos hacerla patrimonio de todos”.

cumbre de cerdos


Las medidas anunciadas por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para reactivar la economía de ese país tienen importantes consecuencias en la política internacional que quedarán bajo las candilejas desde hoy, cuando comience la cumbre del Grupo de los 20 (G20): China, objeto de fuertes críticas por mantener depreciada su moneda, cederá el banquillo de los acusados a la potencia norteamericana.

Palitos chinos
La calificadora de riesgo china Dagong Global Credit Rating Co rebajó la calificación de la deuda soberana estadounidense de “AA” a “A+”, informó la agencia de noticias Reuters. “La ocurrencia y desarrollo de la crisis crediticia en Estados Unidos fue resultado de la extensa acumulación de contradicciones en su sistema económico”, según esta evaluación. La deuda pública de Washington sólo puede mitigarse, en cierta medida, mediante la emisión e impresión a gran escala de dólares, agregó la calificadora.
Sin embargo, “el consecuente declive en el estatus del dólar y del crédito nacional bloqueará el canal de ingresos de deuda, vital en gran medida para la existencia” del país, indica el reporte. “Bajo las circunstancias de que ninguno de los factores que influyen en la economía estadounidense ha variado explícitamente para mejor, es posible que Estados Unidos continúe expandiendo el uso de su política monetaria flexible, perjudicando los intereses de sus acreedores”, consigna Dagong.

La decisión de la Fed de inyectar 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense con el fin de estimularla abrió un nuevo capítulo de la “guerra de monedas”. El anuncio del miércoles 3 se incorporó de inmediato al debate preliminar de la cumbre del G20, que se celebrará hoy y el viernes en Seúl. En ese sentido, muchas delegaciones llegan a la capital surcoreana con declaraciones previas de sus gobiernos, en general de descontento ante la nueva intervención monetaria de la Fed, apoyada por el presidente Barack Obama.

Quienes se oponen a la medida, implementada mediante la compra masiva de bonos del Tesoro, argumentan que una intervención de tal envergadura debilitará aun más el dólar frente al resto de las divisas, lo que socavará la competitividad de muchos países y, en contrapartida, favorecerá las exportaciones de la principal economía mundial.

El tipo de cambio parece haberse convertido por estos días en la principal variable de ajuste para los gobiernos de algunos países industrializados, en un intento por apalancar la recuperación económica luego de una de las peores recesiones de las últimas décadas. El riesgo de una “guerra de monedas” se asomó en diversas instancias durante las dos últimas décadas del siglo pasado. Apenas China ingresó a la Organización Internacional de Comercio (OMC) en 2001, Washington amenazó con solicitar a esa institución que investigue si Beijing mantiene depreciado el yuan “artificialmente” con el fin de sostener las exportaciones, uno de los principales motores de su economía.

El gobierno chino respondió apreciando levemente su moneda en 2005, atando su cotización no sólo al debilitado dólar sino también a una “cesta de monedas” que lo incluye junto con el yen japonés y el euro, entre otras. La consecuente apreciación ha sido considerada insuficiente por Estados Unidos y otros países que tienen al país asiático como uno de sus principales socios comerciales.

El enfrentamiento entre las dos principales potencias económicas del planeta se matiza con la disconformidad de los países emergentes, a los que no conviene que sus exportaciones paguen las consecuencias de una apreciación de sus respectivas monedas. Ocurre que estas economías se han convertido en uno de los destinos favoritos de los flujos de capital, que emigran desde el mundo industrializado en busca de los mejores rendimientos que éstas ofrecen. Este ingreso de capitales termina funcionando como lastre del tipo de cambio, pues las monedas locales se aprecian, lo cual afecta la competitividad del sector exportador.

Pra frenchi, Brasil
Uno de los críticos más notorios de la decisión de la Fed es Brasil, cuyo presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su disposición a “pelear” en la cumbre de Seúl, al tiempo que responsabilizó del conflicto monetario a Estados Unidos, “que quiere resolver su problema de déficit fiscal”, y a China, “que sabe que no puede continuar con su moneda subvaluada como está”.

Las medidas tomadas por la Fed agudizan la tendencia a la baja del dólar en la plaza brasileña y complica la política monetaria del gobierno de Lula, consistente con intervenir en el mercado de cambios con el objetivo de apuntalar la divisa norteamericana. Eso ha llevado al Banco Central del país vecino a comprar montañas de billetes verdes. El real ha sido una de las monedas que más se ha apreciado en los últimos tiempos, como consecuencia del ingreso masivo de capitales a la economía brasileña.

La Unión Europea (UE) también ha mostrado sus reparos ante el anuncio de la Fed. El Banco Central Europeo (BCE) no planea emular la decisión de la autoridad monetaria estadounidense, pues está concentrado en controlar los precios, según aseguró su presidente, el francés Jean Claude Trichet. En cuanto a las compras emprendidas por el BCE de deuda pública (bonos del Tesoro) de alguno de los estados de la eurozona más afectados por la crisis, Trichet argumentó que se trata de “medidas no convencionales”, las cuales “son, por definición, de naturaleza temporal”.

Lluvia de golpes
El gobierno de Alemania se considera el más afectado de la UE por el plan de la Fed, pues ese país depende más que los miembros de la eurozona de sus ventas extracomunitarias. Eso eleva la sensibilidad de su sector exportador a las variaciones del tipo de cambio. El ministro de Economía alemán, Rainer Brüderle, dijo, según el diario madrileño ABC, que la decisión estadounidense incluye “elementos que recuerdan a la economía planificada”.

Brüderle reveló que en la conferencia ministerial conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial celebrada días atrás, también en Corea, surgieron “críticas a la política monetaria” de Washington, por entender que “se inyecta demasiada liquidez”. “La creación excesiva de dinero es una manipulación indirecta del tipo de cambio”, agregó.

También el presidente del Eurogrupo (que reúne a los ministros de Economía de la eurozona), Jean-Claude Juncker, expresó ante el Parlamento Europeo su desacuerdo con el paquete de estímulo monetario de Estados Unidos, que, en su opinión, conducirá a “una salida de la crisis” de carácter “inflacionista”. Juncker manifestó también temor de que las medidas determinen un “aumento de liquidez hacia los países emergentes que éstos no podrán absorber” y reiteró su convencimiento de que “el dólar no se encuentra al nivel en que debería estar en relación al euro”, con lo cual abogaba implícitamente por su apreciación.

De visita en India, Barack Obama defendió la decisión de la Fed. “El mandato de la Reserva Federal, que es también mi mandato, es hacer crecer nuestra economía. Y eso no es sólo bueno para Estados Unidos. Lo peor que podía ocurrir a la economía mundial es que nuestro país acabe estancado o con un crecimiento muy débil”, declaró. Para Obama es insostenible que haya países “con superávits masivos, mientras que otros tienen déficits masivos”, por lo cual consideró necesarios “los ajustes en las monedas” que conduzcan “a un esquema de crecimiento más equilibrado”.

Algunos analistas prevén que China emergerá como el gran ganador de la cumbre del G20. Después de estar a la defensiva ante las numerosas e intensas acusaciones de sus principales socios comerciales por la subvaluación “artificial” del yuan, Beijing encabeza ahora la larga lista de países que rechazan las medidas de la Fed. Y por ese motivo podría eludir acusaciones contra su política cambiaria como las que soportaran en la anterior cumbre del grupo realizada en junio en Toronto.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

+ reclamos


Los funcionarios judiciales amenazan con resolver paros, huelgas y ocupaciones a "edificios importantes" de este Poder, si en una semana no tiene respuesta del gobierno a sus reclamos.

Hoy, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay realiza una asamblea a las 14.30 horas, frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por lo que desde esa hora paralizan sus funciones. La asamblea decidirá si se reintegran hoy antes de las 18.45 horas o si continúan de paro hasta mañana o el viernes.

En el Presupuesto, tal como fue aprobado en Diputados, los funcionarios administrativos del Poder Judicial tendrán un aumento de 3,5% en el período de gobierno, lo que en un funcionario grado IV "significan $ 500 para cinco años".

"Los artículos que envió el Ejecutivo para el Poder Judicial son más de lo mismo: a unos 20 cargos jerárquicos le otorga un 60% de aumento, lo que amplía más la brecha entre los salarios, porque serían unos $ 14.000 más", indicó Raúl Vázquez, secretario de Asuntos Gremiales de AFJU, a EL PAÍS digital. "El Ejecutivo se olvida de los trabajadores (…) Esto es una política internacional y gerencialista de los años 90", sostuvo. En ese sentido, Vázquez indicó que los reclamos de AFJU pasan por acortar "las inequidades salariales" y por que la SCJ cumpla con la Ley Negociación Colectiva.

El lunes, dirigentes de AFJU se reunieron con la senadora y esposa del presidente José Mujica, Lucía Topolansky, lo que Vázquez consideró como positivo. "Logramos el compromiso de la senadora de sentarnos a discutir el tema del Poder Judicial y las barbaridades que envió el Ejecutivo (a Diputados) en el Presupuesto", señaló.

Vázquez explicó que el sindicato elaboró una nueva escala salarial, que, según dijo, "no le quita salario a nadie". El sindicalista aseguró que los trabajadores "quieren ganar lo mismo que un profesional ni que un subdirector", sino que pretenden un aumento del salario de 5.000 a 6.000 pesos en el quinquenio para unos 3.500 trabajadores del Poder Judicial.

MEDIDAS DE LUCHA . Además del paro de hoy, AFJU abre hoy un "compás de espera" y si en "no más de una semana", advirtió Vázquez, no hay avances en la negociación, agudizarán las medidas de lucha.

"No está descartado nada, ni ocupaciones ni huelgas; todo lo contrario. Si empeora la situación, la próxima medida va a ser drástica", alertó Vázquez.

Sobre la posibilidad de ocupar, el dirigente de AFJU aseguró que "tendrían que ser sorpresivas" y que "podría ser a la Suprema Corte". En ese sentido, manifestó: "Sin duda tendrá que ser un edificio importante (del Poder Judicial), no uno que esté perdido en el Centro y que nadie lo conozca".

martes, 9 de noviembre de 2010

bancatela


ras la inauguración de la reunión de Felaban (Federación Latinoamericana de Bancos), en Punta del Este, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, explicó a la prensa que el gobierno descartó decretar la esencialidad de los servicios bancarios porque es una medida "no aplicable en este caso, sino que es para otro tipo de situaciones".

El secretario de Estado anunció que el gobierno "está trabajando en otras herramientas" y en ese sentido afirmó que está "muy confiado en que rápidamente las cosas vuelvan a su curso". Lorenzo sostuvo que "la sensatez y la razonabilidad van a ganar espacio" para "no alejar a los ciudadanos de la intermediación financiera", ya que eso "va en sentido contrario a lo que el gobierno propone", dijo.

No obstante, Lorenzo se mostró "preocupado" por "las medidas de distorsión que perjudican a la economía", llevadas adelante por el Consejo de la banca pública de AEBU. Ayer, el ministro manifestó que el conflicto "no tiene ningún sentido" y "sus fundamentos son muy difíciles de entender".

El conflicto tenía pendientes de pago a más de 100.000 cheques, generando grandes dificultades para el cobro de salarios y el pago de obligaciones. En el Banco República afirmaron a EL PAÍS digital que hoy se está normalizando ese servicio, por lo que se empezó a cumplir con los cheques atrasados.


En tanto, Lorenzo aseveró que el gobierno trabaja junto al Banco Central "para acelerar" la digitalización "de todo el proceso de compensación de cheques". Para el ministro, este tipo de situaciones no pueden tener otra solución positiva que aplicar "nuevas iniciativas legales que tengan a resguardo a los ciudadanos y a las empresas". Lorenzo sostuvo que "los particulares no tienen por qué estar enfrentando esto porque hay otros mecanismos para resolver los diferendos a nivel laboral en la banca pública".

Por su parte, Alejandro Gómez, del Consejero de la banca oficial de AEBU, dijo a Radio Carve que el sindicato "está abierto al diálogo" con el gobierno para seguir negociando.

"Queremos buscar una salida concreta y real, y que se le pague a los trabajadores por la función que realizan. Un trabajador que trabaja por encima de su cargo realizando tareas de jerarquía se le debe pagar de acuerdo a lo que dice el estatuto. Hay compañeros que hace más de tres años que cobran cinco o seis mil pesos menos por la tarea que realizan", afirmó Gómez, quien rechazó que este conflicto tenga móviles políticos.

Cabe recordar que el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo a El País el viernes pasado que la extensión de las medidas en el sector público era una "decisión contra el gobierno".

lunes, 8 de noviembre de 2010

cambio de tuercas


Juan Castillo le transmitió el miércoles al Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay (PCU) que no continuará con las responsabilidades partidarias que desempeña desde 1989 y que prefiere dedicarse exclusivamente al movimiento sindical. Sin embargo, la ex ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, espera que revise esa decisión y lo propone para que ocupe la secretaría general. Para eso debería competir con la continuidad del actual secretario, Eduardo Lorier, para muchos comunistas la opción más probable. “Estoy dispuesto a continuar militando donde el resto de los camaradas entiendan que corresponde”, respondió Lorier.

El más Prato
La correlación de fuerzas en el Comité Departamental de Montevideo del Partido Socialista (PS) tuvo un giro radical. Los candidatos de la plancha del ala “ortodoxa o garganista” se impusieron por amplia mayoría sobre la impulsada por la corriente “renovadora”, cuyo principal referente es el secretario general del PS, Eduardo Lalo Fernández.
De acuerdo a los números que se manejaban anoche, los garganistas tendrán 32 de los 37 cargos en el Comité Departamental, que una vez constituido nombrará al nuevo secretario político, una responsabilidad que actualmente desempeña el diputado montevideano Gustavo Bernini. También se habrían quedado con los cincos cargos en la comisión electoral. Después de la última elección de autoridades en Montevideo, el “lalismo” contaba con 19 representantes en el Comité Departamental y las corrientes ortodoxas tenían los 18 restantes. La designación de Bernini respondió a la correlación que surgió de ese resultado, y ahora, seguramente, será reemplazado por alguien de la corriente triunfadora. El secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato, del ala garganista, fue el candidato más votado, con 249 adhesiones, y todavía no estaba definido si los cuatro diputados capitalinos del PS (Bernini, Daisy Tourné, Julio Bango y María Elena Laurnaga, postulados en la plancha renovadora) habían ingresado a cargos de titulares en el Comité Departamental.

Este fin de semana sesionó el Comité Central del PCU. Allí Lorier presentó un informe político sobre la situación internacional, regional y nacional. “Apostamos a las detracciones para productos como la soja, la carne y la leche, diferenciando entre pequeños y grandes productores, y sin llegar a los niveles de Argentina. A los más grandes no los queremos echar, pero sí queremos que compartan más las ganancias que han obtenido estos años”, argumentó el vocero del PCU.

El Comité Central aprobó una nómina de candidatos para que vote el Congreso del 5 y 6 de diciembre. A partir de esos resultados, la nueva dirección tendrá un panorama más claro de quién cuenta con más chances para ocupar la secretaría general. En la última instancia congresal los dos candidatos más votados fueron Castillo y Lorier.

Aunque ha tenido pronunciamientos favorables, el sindicalista portuario le transmitió el miércoles al Comité Ejecutivo que no tenía intenciones de continuar en ese ámbito de dirección, y que ni siquiera estaba dispuesto a integrar la nómina del Comité Central entrante que se presentará ante el Congreso. “Quiero dedicarme de lleno al movimiento sindical. Ya no puedo compartir ambas cosas y quiero establecer prioridades”, explicó a la diaria. Castillo integra el Ejecutivo y el Central del PCU desde 1989.

A pesar de eso, la ex ministra Arismendi está dispuesta a insistir. “Fue el candidato que voté en 2006 y lo volvería a hacer con mucho gusto. Sería fantástico que él sea el nuevo secretario general del partido”, dijo anoche a este medio.

Aunque Castillo no integre la plancha elaborada por el Comité Central, recordó Arismendi, todavía puede ser postulado por las agrupaciones barriales y las seccionales ante el Congreso. Arismendi define a Castillo como un “obrero calificado, estudioso y que conoce cómo funciona el FA”. Y envió otros mensajes para el PCU. “No podemos olvidar que somos gobierno y parte de la fuerza política. Es un punto esencial a entender y es una responsabilidad. No se trata de decir a todo que sí para no discrepar, y tampoco decir a todo que no para demostrar que somos independientes”, concluyó.

domingo, 7 de noviembre de 2010

educación para ladrones


La Policía recibió entre dos y tres denuncias semanales por robos y vandalismo a escuelas de Montevideo en lo que va del año. La contratación de policías por servicio 222 se incrementó y Primaria gasta US$ 500.000 por mes en custodia.

"Lo que ocurre en los casos de vandalismo o de robos que tenemos, es que muchas veces quien violenta la escuela es un alumno o un ex alumno, por tanto no podemos pensar en soluciones que sean solamente represivas", explicó la consejera de Primaria, Irupé Buzzetti, como uno de los problemas.

La Policía sostiene que los vándalos que azotan las escuelas de su barrio tienen como finalidad el consumo de droga.


En lo que va del año la Jefatura de Policía de Montevideo recibió 22 denuncias por daños de diverso tipo a locales escolares y 82 por hurtos.

En varios de estos 104 casos, la visita de los vándalos no era la primera.

A todo esto, el Consejo de Primaria contrató 529 policías en septiembre para el cuidado de escuelas, lo que le generó un desembolso de más de US$ 500.000, sólo por este concepto. La hora hombre del servicio 222 cuesta $ 87.

Hoy hay contratados 41 policías más que en marzo, mes de inicio de clases. En aquel momento la cantidad de efectivos policiales prestando servicio eran 488.

Lo cierto es que en muchos casos el servicio 222 no ha dado el resultado esperado. El Consejo de Educación Primaria analiza el tema, pero según reconocieron sus autoridades, aún no hallaron una solución.

La Policía observa el problema con preocupación, pero a diferencia de lo que viene ocurriendo con Secundaria, no se ha logrado una coordinación con Primaria para encarar un plan de trabajo, lo que representa una dificultad para hacer frente, de forma efectiva, a los actos de vandalismo y robos.

A esta cantidad de cifras se suma un informe de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en junio de 2009, que releva que casi la mitad de las escuelas ubicadas en contextos socioculturales críticos declaran una situación "muy problemática" por actos de vandalismo y robos.

Dicho informe señalaba, por ejemplo, que ante consultas hechas a directores de escuelas ubicadas en contexto sociocultural crítico, un 47,2% había señalado que la situación de drogadicción y alcoholismo en el entorno de la escuela "es muy problemática".

Una respuesta similar dio el 46,2% de los directores de estos centros ante la situación de vandalismo y violencia en el entorno de estas escuelas.

Bancos rotos, libros y tizas desparramados por el suelo, puertas forzadas y baños destrozados. Así amaneció hace una semana, por ejemplo, la escuela número 140 de Punta de Rieles, después de un acto vandálico, que además terminó con el robo de materiales.

La consejera señaló que el problema viene siendo estudiado, pero aún no se llegó a una resolución. La vía más apta para hallarla parece radicar en los Consejos de Participación que creó la Ley 18.437, un organismo que reúne a directores de escuelas, maestros y, eventualmente, a vecinos de las zonas donde se ubican los establecimientos escolares.

ALTERNATIVAS. La consejera de Primaria indicó que una de las claves del problema es la estabilidad en los cargos de directores de escuelas, así como de caseros y auxiliares al cuidado de los locales escolares.

Y lo graficó con un ejemplo. "El caso de la escuela de Junquillos, en Instrucciones casi la Gruta de Lourdes, fue un robo el 22 de octubre. Pusimos alarma y tuvimos nuevamente problemas el 24 de noche. ¿Y qué pasó allí? Bueno, que quedó la caseta vacía del casero, que se jubiló, y al faltar el referente de la escuela, que seguramente era muy respetado en la zona, comenzamos a tener estos problemas. Por eso estamos pensando en que los auxiliares, los caseros sean personas de la zona, conocidas y respetadas en el barrio", relató Buzzetti.

Pero esta solución no es válida para todas las escuelas, ya que algunas no reúnen las condiciones necesarias de infraestructura, se lamenta Héctor Florit, otro de los consejeros de Primaria. "La alternativa de un casero supone que tiene que haber un espacio, una casa habitación, que algunas escuelas no lo tienen", aclaró.

Otra de las soluciones que manejan desde Primaria radica en adaptar los horarios de limpieza de la escuela -aunque sea en parte- al horario nocturno.

"Hoy podemos seguir pensando en otra alternativa que suponga que, por ejemplo, la limpieza se haga en un horario variable que abarque una parte de la noche. Lo estamos analizando con la comisión de fomento, la directora y la inspectora", dijo Florit a El País, sobre el caso puntual de la escuela 140, pero que puede ser replicado en situaciones críticas.

Si bien Buzzetti reconoció que las escuelas ubicadas en zonas de contexto crítico son, en general, las más vulnerables, no siempre son las que tienen este tipo de problemas. En muchos barrios los vecinos tienen a la escuela como verdadera referencia y ello se transmite en el vínculo que éstos tienen con autoridades de la escuela.

"Por eso debemos solucionar problemas como el de la alta movilidad del personal docente, que hace que no sean referentes. Bajo esa línea estamos tratando de darle estabilidad a los colectivos docentes", indicó Buzzetti.

SIN COORDINACIÓN. Desde la Jefatura de Policía de Montevideo el tema es visto con preocupación creciente. Altas fuentes consultadas por El País reconocieron que el mayor problema que tienen para hacer frente a los robos y actos de vandalismo en escuelas es la falta de coordinación con el Consejo de Primaria.

"Estamos mucho más organizados con Secundaria que con Primaria. A principios de año hubieron reuniones con los directores de liceos, nos trasladaron todos sus planteos, ellos se llevaron los números de los comisarios y cada comisaría hizo un relevamiento de los liceos en su jurisdicción", señalaron fuentes de Jefatura, como un procedimiento a imitar.

Sin embargo, la dificultad del trabajo policial resulta -en ocasiones- más complicado en liceos, ya que además del entorno los policías deben lidiar allí con los propios estudiantes del centro de estudio.

La contratación del servicio 222 para la vigilancia de locales escolares no parece ser la solución al problema, según las fuentes. Más aún cuando el Ministerio del Interior planea un retiro gradual de efectivos de las tareas 222 de aquí a 2015, con la idea de que muchos de estos espacios sean ocupados por guardias privados (ver nota aparte).

ATAREADOS. Entre tanto, el monitoreo de las escuelas es parte de la agenda que tienen los efectivos del Cuerpo de Policía Comunitaria, que trabajan en las 24 jurisdicciones que existen en la capital.

Los jerarcas consultados reconocieron que esto no es suficiente dada la extensa lista de tareas que tienen que cumplir, tanto las comisarías como los propios policías comunitarios en cada barrio.

En la percepción de los uniformados, el grueso de los hurtos se vincula con el problema de las drogas.

"El gran problema, en las zonas conflictivas, sigue siendo la pasta base. Damos vueltas y siempre terminamos en lo mismo. Los lugares son saqueados para obtener dinero y comprar pasta base, por ahí pasa todo", comentó un alto oficial consultado por El País.

Debido a la gran cantidad de denuncias por los casos de vandalismo y hurtos en escuelas, la Jefatura de Montevideo resolvió comenzar a implementar -por iniciativa propia- medidas, procurando una mayor coordinación con las autoridades de Educación Primaria.

Las cifras
47% de directores de escuelas en zonas de contexto crítico calificó de "muy problemático" el entorno del predio, con drogas y alcohol.

46% de esos directores también manifestó que el vandalismo y violencia en el entorno de la escuela es "muy preocupante".

Primaria y Policía
Héctor Florit

consejero de primaria

"Hoy podemos seguir pensando en otra alternativa que suponga que, por ejemplo, la limpieza se haga en un horario variable que abarque una parte de la noche. Lo estamos analizando con directores e inspectores".

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía

"El gran problema en las zonas conflictivas sigue siendo la pasta base. Damos vuelta y terminamos en lo mismo. Los lugares son saqueados para obtener dinero y comprar pasta base, por ahí pasa todo", dice la fuente.

Irupé Buzzeti

consejera de primaria

"Lo que ocurre en los casos de vandalismo o de robos, es que muchas veces quien violenta la escuela es un alumno o un ex alumno, por tanto no podemos pensar en soluciones que sean solamente represivas".

Cómo se vigilan las escuelas
Los 529 policías 222 contratados por Primaria hicieron cómo mínimo 126.960 horas de servicio en septiembre, lo que equivale a sumar un turno de trabajo (de ocho horas) por policía contratado. En algunos casos críticos (aunque son los menos) el servicio 222 es contratado las 24 horas, lo que aumentaría aun más la cantidad inicial.

A diferencia de los liceos, que demandan con mayor fuerza el 222 durante todo el día, en las escuelas la principal demanda se concentra en la noche.

Los servicios policiales se dividen en tres turnos: de 6 a 14 horas, de 14 a 22 horas y de 22 a 6 horas. El valor hora que cobra un policía por 222 es de $ 87.

Esto indica que Primaria gastó más US$ 500.000 en septiembre por servicio policial, sin contar otros costos de seguridad.