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viernes, 1 de octubre de 2010

el país de la furia


La vasta sublevación de policías ecuatorianos desatada el jueves por una ley que limita sus ingresos dejó al menos dos muertos, tras tener al país en vilo en una jornada en la que el presidente Rafael Correa fue rescatado por militares de un hospital donde estaba retenido.

Correa calificó el levantamiento como "golpe de Estado" y recibió el respaldo unánime de la comunidad internacional, incluyendo a la ONU y la OEA, además de Estados Unidos y de distintos gobiernos latinoamericanos.

Entre estos últimos, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenó la sublevación durante una cumbre convocada de urgencia en Buenos Aires, la noche del jueves, expresando en su declaración final "la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados".

La cumbre también resolvió el viaje de los cancilleres de la Unasur este viernes a Quito para brindar su respaldo a Correa. "Hoy el presidente no ha claudicado como hicieron otros cobardes", dijo Correa al ser recibido como un héroe ante una multitud congregada frente al Palacio de Gobierno, tras su rescate armado, aludiendo a su negativa a negociar con los policías que lo retuvieron durante unas doce horas.

"Jamás aceptamos negociar nada bajo presión, nada. Por el diálogo todo", afirmó Correa, que más temprano les había dicho a sus captores: "O salgo como presidente de una nación digna o salgo como un cadáver".

El levantamiento de los policías se inició el jueves por la mañana con la toma de varios cuarteles en Quito, Guayaquil (oeste) y Cuenca (sur), en protesta por una ley que recorta ciertos beneficios económicos a miembros de los cuerpos de policía, entre otros empleados estatales.

El presidente acudió a uno de los cuarteles en Quito a hablar con los policías y a decirles que no cedería ante sus presiones.

"Señores si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo si les da la gana, mátenlo si tienen poder, mátenlo si tienen valor en vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos", exclamó Correa al realizar un gesto dramático: se aflojó la corbata y se desabotonó el cuello de la camisa.

Los sublevados atacaron al mandatario y a su comitiva a la salida del cuartel con gases lacrimógenos, y Correa tuvo que ser ingresado en camilla en un hospital policial aledaño, donde fue cercado por los policías.

Luego, policías rebeldes ocuparon el Parlamento, y militares de la Fuerza Aérea bloquearon la pista del aeropuerto de Quito.

"Dos policías murieron luego de ser trasladados al hospital de su institución", dijo el portavoz de la Cruz Roja, Fernando Gandarillas, en referencia al operativo que permitió rescatar a Correa de su reclusión en el hospital, y añadió que otras 37 personas resultaron heridas a causa de los disparos entre fuerzas leales y uniformados rebeldes.

Correa aseguró que los policías sublevados planeaban asesinarlo, y agradeció en particular al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOE), "que se portó muy leal y resguardó las instalaciones del hospital policial".

"Si no, esa horda de salvajes que querían matar, que querían sangre, hubieran entrado al hospital a buscar al presidente y probablemente no estaría contando lo que estoy diciendo en estos momentos porque ya hubiera pasado a mejor vida", señaló el mandatario en el Palacio de Gobierno.

También anunció que destituirá a los policías que tomaron parte de la sublevación, y dijo que no derogará la ley que motivó el amotinamiento. Estos "supuestos policías nacionales avergüenzan a la institución policial, tendrán que salir de las filas policiales", afirmó.

En este contexto, el comandante de la Policía nacional, general Freddy Martínez, renunció a su cargo, indicó a la AFP un portavoz policial que requirió el anonimato.

jueves, 30 de septiembre de 2010

Diputados, ediles y alcaldes del Partido Nacional electos en Canelones se reunirán este mediodía en el Palacio Legislativo para definir un llamado a interpelación al intendente canario Marcos Carámbula, por la grave situación de endeudamiento que atraviesa la comuna.

"Queremos tener en claro la situación real del déficit económico de la Intendencia", explicó a EL PAÍS digital el diputado aliancista Daniel Peña. Recordó que durante la campaña electoral en Canelones denunció, al igual que el herrerista Lacalle Pou, que la comuna tenía un déficit de US$ 170 millones. Esto, en ese momento, fue "desmentido por el intendente Carámbula", agregó.

Ahora, dijo, existe un déficit que para el Partido Nacional supera los US$ 200 millones, a pesar que el gobierno municipal informó que son US$ 150 millones.

Peña explicó que Carámbula informó de una cifra que no contempla el pago de endeudamientos acordados con el Estado, o el dinero que se pueda tener que pagar por juicios perdidos. "Hay uno cerca de salir, que la intendencAcá la pésima administración de (el colorado, Tabaré) Hackenbruch dejó un déficit de US$ 80 millones y hoy estamos en uno superior a los US$ 200 millones generado por el propio Carámbula", puntualizó Peña.

MEDIDAS. Para el legislador nacionalista Canelones enfrenta una situación "preocupante" que va de la mano con un plan de acción que prevé mayor recaudación, pero no menor gasto.

"Tenemos noticias que en los últimos días se ha llegado a los 80 contratos de particular confianza. En esta semana se nombraron los secretarios de Junta que no salieron electos en las alcaldías de sus respectivas ciudades, con cargos que en definitiva no son necesarios y cobran casi el doble que los alcaldes", informó Peña y entendió que esto no se puede dar en el mismo día que se le pide a la población que pague sus deudas.

El legislador dijo que se busca toda la información y los números reales del endeudamiento que tiene el departamento "y el reconocimiento de un déficit que no es heredado".

ENCUENTRO. Ayer , Carámbula citó a los diputados de su departamento para discutir la situación financiera de la Intendencia, pero de los nacionalistas solo acudió el suplente de Alberto Perdomo, Daniel López Villalba. No estuvieron los herreristas Luis Lacalle Pou yAmin Niffuri ni el aliancista Daniel Peña.

El diputado oficialista José Carlos Mahía dijo a EL PAÍS digital que los legisladores que no concurrieron a la reunión se habían "equivocado".

Peña justificó, a título personal, la ausencia explicando que en el último mes se realizaron no menos de quince llamadas a Carámbula para mantener una reunión por el mismo tema.ia lo perderá, que es cerca de US$ 20 millones".
Diputados, ediles y alcaldes del Partido Nacional electos en Canelones se reunirán este mediodía en el Palacio Legislativo para definir un llamado a interpelación al intendente canario Marcos Carámbula, por la grave situación de endeudamiento que atraviesa la comuna.

"Queremos tener en claro la situación real del déficit económico de la Intendencia", explicó a EL PAÍS digital el diputado aliancista Daniel Peña. Recordó que durante la campaña electoral en Canelones denunció, al igual que el herrerista Lacalle Pou, que la comuna tenía un déficit de US$ 170 millones. Esto, en ese momento, fue "desmentido por el intendente Carámbula", agregó.

Ahora, dijo, existe un déficit que para el Partido Nacional supera los US$ 200 millones, a pesar que el gobierno municipal informó que son US$ 150 millones.

Peña explicó que Carámbula informó de una cifra que no contempla el pago de endeudamientos acordados con el Estado, o el dinero que se pueda tener que pagar por juicios perdidos. "Hay uno cerca de salir, que la intendencAcá la pésima administración de (el colorado, Tabaré) Hackenbruch dejó un déficit de US$ 80 millones y hoy estamos en uno superior a los US$ 200 millones generado por el propio Carámbula", puntualizó Peña.

MEDIDAS. Para el legislador nacionalista Canelones enfrenta una situación "preocupante" que va de la mano con un plan de acción que prevé mayor recaudación, pero no menor gasto.

"Tenemos noticias que en los últimos días se ha llegado a los 80 contratos de particular confianza. En esta semana se nombraron los secretarios de Junta que no salieron electos en las alcaldías de sus respectivas ciudades, con cargos que en definitiva no son necesarios y cobran casi el doble que los alcaldes", informó Peña y entendió que esto no se puede dar en el mismo día que se le pide a la población que pague sus deudas.

El legislador dijo que se busca toda la información y los números reales del endeudamiento que tiene el departamento "y el reconocimiento de un déficit que no es heredado".

ENCUENTRO. Ayer , Carámbula citó a los diputados de su departamento para discutir la situación financiera de la Intendencia, pero de los nacionalistas solo acudió el suplente de Alberto Perdomo, Daniel López Villalba. No estuvieron los herreristas Luis Lacalle Pou yAmin Niffuri ni el aliancista Daniel Peña.

El diputado oficialista José Carlos Mahía dijo a EL PAÍS digital que los legisladores que no concurrieron a la reunión se habían "equivocado".

Peña justificó, a título personal, la ausencia explicando que en el último mes se realizaron no menos de quince llamadas a Carámbula para mantener una reunión por el mismo tema.ia lo perderá, que es cerca de US$ 20 millones".

miércoles, 29 de septiembre de 2010

vergüenza canaria

Diputados del oficialismo y la oposición de Canelones se reunieron este mediodía con el intendente Marcos Carámbula para conocer de primera mano cuál es la situación económica que viven las arcas del municipio canario.

Si bien hubo ausencias por el lado de la oposición, quienes sí concurrieron realizaron consultas respecto a números concretos y la situación económica en general, en una reunión de carácter informativo.

El diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahia, dijo ayer a El País que se siguen "con atención las dificultades que enfrenta la Intendencia de Canelones. Creemos que siempre hay cosas para corregir en una gestión. Una de ellas es equilibrar las cuentas con las obras".

El principal problema que enfrenta la comuna canaria es la elevada morosidad (53%) y un importante déficit acumulado (US$ 160 millones), que representa más de un presupuesto anual de la comuna.

martes, 28 de septiembre de 2010

café abuela ?

Más de 20 cafés del Centro, Ciudad Vieja y Cordón se pusieron de acuerdo para que, el martes 5 de octubre, el dinero de sus ventas de café sea donado al Hospital Maciel.

Los comerciantes del Centro le pusieron Día del Café Solidario y este año será su debut, pero ya se prepara con otra infraestructura para el año 2011.

A los dueños de cafés y bares de la zona céntrica les interesa estimular la costumbre, antes tan frecuente, de la ronda de café. O del café de media tarde, la reunión de trabajo "en el café" o café después de salir de la oficina.

"Queremos ver si vendemos 5.000 cafés", dijo a El País el titular del bar Facal, Federico Celsi, uno de los promotores de la idea. La iniciativa surgió de Facal y de los dueños de Café Central. Enseguida llevaron la idea a GrupoCentro, la asociación comercial que nuclea a los distintos rubros de actividad del barrio y que desde hace años hace jornadas promocionales colectivas para movilizar al público.

"Es una acción que a la gente le estimula, porque es de responsabilidad social empresarial y también está eso de estimular aquello que lamentablemente hemos perdido de la ronda de café, porque cada persona tiene más actividades, menos tiempo, y queremos promover el café", indicó Celsi.

El primer llamado para este café solidario será el próximo martes. Eligieron un día distinto al que es habitual para el Día del Centro -los jueves- pero con algo en común: el estacionamiento será gratuito ese día en la zona tarifada.

Celsi destacó la colaboración del alcalde de la zona, Carlos Varela, que gestionó la exoneración de la tarifa de estacionamiento en la zona que maneja la Intendencia. Eso facilita la llegada de la gente para participar de esta convocatoria, sostienen los organizadores.

Flavia Erenberg, de Café Central, dijo que "enseguida la gente se unió y le gustó la idea".

Detrás de la convocatoria, además, está la voluntad de "estar en contacto" entre los cafés de la zona.

En esta jornada, cada comercio hará el esfuerzo económico de donar la recaudación de los cafés del día.

Para potenciar la iniciativa en el futuro los organizadores ya están conversando con proveedores que sean capaces de destinar esfuerzos de marketing a una jornada con mayor planificación y aspirando a tener un alcance masivo.

Fuentes de la dirección del Hospital Maciel declinaron dar detalles sobre el alcance de la jornada para el hospital ya que, según indicaron a El País, tienen previsto hacer público el acuerdo con GrupoCentro en la mañana del miércoles.

Erenberg también abogó por hacer esfuerzos para poner de moda el café, "por el hecho de ir a un lugar a juntarse, a despejar la cabeza en horario de trabajo o después del trabajo".

Aunque se supone que existe una larga tradición uruguaya de cafés y boliches, los datos de consumo no suscriben a esta perspectiva. Según la Organización Internacional del Café (ICO, por la sigla en inglés), con sede en Londres, Uruguay está ubicado en el puesto 86 entre 181 países, con 0,9 kilos de consumo per cápita anuales, publicó El País en agosto, en una nota que daba cuenta del crecimiento de los "café gourmet" en Montevideo.

Por otra parte, según datos del Departamento de Marketing de Nestlé, se beben en Uruguay 145 tazas anuales per cápita de café.

Serán 22
Allegro Café, Bar Hispano, Bar Misiones, Big Mama, Café Brasilero, Café Central (Plaza Cagancha y El Gaucho), Café Copacabana, Café Tribunales, Diseño Café, Don Pepperone, El Beso, Facal, El Gaucho, Il Mondo Della Pizza (Convención y Plaza Cagancha), La Papoñita, La Pasiva (Plaza Matriz - Entrevero - Ejido) y The Manchester son los 22 locales que se sumaron a la propuesta para el próximo martes.

"Esperamos vender unos 5.000 cafés". Esa es la estimación de Federico Celsi, de bar Facal, vicepresidente del GrupoCentro y uno de los organizadores de la movida que se espera perpetuar y hacer crecer a lo largo de los años, sumando a proveedores.

policía verde

"Tenemos la necesidad de construir nación respetando las diferencias y construyendo permanentemente el acervo que se llama nación. No podemos aceptar que el país se divida en misiones estériles de civiles y militares" dijo el presidente José Mujica en su audición radial de M24.

El mandatario dejó en claro que la existencia de las Fuerzas Armadas no está en juego, pero que sí es necesario "barrer con los privilegios y abusos que algunos pocos incubaron, explotando la verticalidad".

Respecto a los recursos, Mujica aclaró que se están poniendo en marcha y ejecución algunas reformas votadas en la legislatura anterior, pero no aplicadas, entre ellas las que derivan en mejorar y dignificar a los militares en lo profesional.

"Coyunturalmente, y por lo que significa la realidad en estos años, lamentablemente e ineludiblemente, hemos tenido que gastar mucho más en policías y en políticas carcelarias, de no serlo así todo el debate electoral habría sido una farsa", dijo el presidente haciendo referencia a los recursos utilizados para la Policía que podrían haber sido destinados a las Fuerzas Armadas.

pocas palabras


Dos "sí" y un "porque no existían méritos". Con gran economía de palabras, Vázquez respondió a tres preguntas de la investigadora parlamentaria. El ámbito no concluirá en un juicio político, aunque tal vez sí en un "cuestionamiento" a Fernández.

El ex presidente Tabaré Vázquez envió el jueves pasado a la investigadora parlamentaria la respuesta a las preguntas que elaboraron los senadores blancos Francisco Gallinal y Carlos Moreira. Allí ratifica que en 2006 eliminó del proyecto de ley concursal la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 para evitar beneficiar a los hermanos Peirano Basso, que por entonces estaban presos. Y dice que en 2008 no vetó la ley que derogó el delito por el que habían procesado a los Peirano, dado que "no existían méritos".

Vázquez aún debe responder a una segunda tanda de preguntas que la comisión le envió el jueves pasado a pedido del senador colorado Ope Pasquet, donde le consultan si el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández le informó que él o alguien de su estudio jurídico representaba a un ex director del Banco de Montevideo. En caso de respuesta afirmativa, le preguntan a Vázquez si informó a los demás ministros y si eso consta por escrito.


Fuentes cercanas al ex presidente dijeron a El País que Vázquez podría contestar hoy a esta segunda tanda de preguntas. El ex mandatario usó seis palabras para responder a las tres consultas enviadas por la comisión en primera instancia.

El texto del intercambio epistolar fue el siguiente:

- Si ratifica las expresiones del Dr. Gonzalo Fernández en el sentido que, al momento de enviarse la iniciativa del Poder Ejecutivo que culminara con la aprobación de la ley 18.387, la Presidencia de la República eliminó la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 que figuraba en el primer texto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

- Sí.

- Si la supresión de dicha derogación obedeció, como también lo señala el ex Secretario de la Presidencia, a que por "ese delito estaban imputados y en prisión preventiva los hermanos Peirano".

- Sí.

- Por qué razón el Poder Ejecutivo del que era titular el Dr. Vázquez, que impidió que la ley 18.387 de 23 de octubre de 2008 derogara el artículo 76 de la ley No. 2.230, después no hizo uso de la facultad que le otorga el art. 137 de la Constitución de la República (veto) respecto al artículo segundo de la ley 18.411 de 14 de noviembre de 2008, por el que precisamente se derogó el artículo 76 de la ley 2.230.

- Porque no existían méritos.

Seis palabras en total.

La investigadora parlamentaria volverá a sesionar hoy y, previo a ello, los integrantes del oficialismo -Jorge Saravia (MPP), Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay)- coordinarán los pasos a seguir junto con el vicepresidente Danilo Astori.

Saravia, presidente de la comisión, dijo a El País que hay consenso entre todos los partidos para ratificar que "el Parlamento actuó bien" al derogar el artículo 76 de la ley 2.230 y que ningún legislador "fue influenciado por nadie". El senador colorado Ope Pasquet, que es el denunciante y había hablado de "negligencia" de los legisladores, admitió a El País que la versión sobre "conspiración" quedó descartada tras las aclaraciones de la ex senadora frenteamplista Margarita Percovich.

Saravia también dijo que es un hecho que no habrá planteo de juicio político contra Fernández, dado que está a su favor el hecho de que varios medios de prensa habían informado que su estudio defendía a Juan Domingo Ratti, ex director del Banco de Montevideo.

Pero el presidente de la comisión explicó que puede haber "un cuestionamiento" puntual a Fernández por no haber informado al Senado que defendía a Ratti, cuando compareció el 17 de agosto.

Los senadores colorados intentarán acordar con los blancos un informe en minoría. Pasquet concluyó que está claro que Fernández "asumió y ejerció la defensa de Ratti, no lo dijo a nadie" y "se olvidó" de contarlo cuando estuvo en el Senado. Falta saber si el ex presidente Vázquez estaba al tanto de ello, explicó Pasquet.

Mientras tanto, la investigadora del FA continuó ayer el análisis de la eventual participación de Fernández en el proceso legislativo que derogó el artículo 76 de la ley 2.230.

Las bases del Frente, la Corriente de Izquierda y el PCU tienen una visión crítica sobre el hecho de que Fernández no informó al Senado ni al Frente respecto a que su estudio defendía a Ratti, procesado por el caso Peirano. En cambio, los socialistas, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista procuran neutralizar esa postura, según fuentes frenteamplistas.

Astori calló sobre efectos de derogación
En el 2008, cuando se trató la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, el senador de Asamblea Uruguay Danilo Astori era el único legislador que conocía las consecuencias jurídicas de tal resolución parlamentaria. En la comisión investigadora del Parlamento, el senador blanco Carlos Moreira le preguntó a Astori si había advertido a otros legisladores sobre los efectos de dicha derogación.

Astori respondió que "no advertí el hecho ni se lo advertí a otros colegas del Parlamento" porque los hermanos Peirano estaban en libertad y los parlamentarios se concentraron en derogar unos artículos considerados "engendros" o ejemplos de "pésima técnica legislativa".

Según documentos legislativos, la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 ingresó en el punto 9 de la sesión.

Astori guardó silencio cuando en la sesión se distribuyó entre los legisladores el proyecto de derogación a pedido del senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini. Poco después, en el punto 14 de la sesión, Astori pidió licencia y antes de que se reanudara la discusión del tema, se retiró de sala.

Astori dijo en la investigadora que "siempre estuve a favor" de la derogación de los artículos 76 de la ley 2.230. "Es más, en este proceso hubo un elemento adicional que se convirtió en un foco de atención de los legisladores: la situación del SMU y la vigencia de la ley que se corregía con este segundo proyecto".