El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó hoy que la liberación de presos que el gobierno planea comenzar en noviembre, no sería mediante una ley, sino que se estaría aplicando lo suscripto por Uruguay cuando firmó el Pacto de San José de Costa Rica en 1985.
En declaraciones al programa En Perspectiva, Bonomi explicó que el gobierno conversa con "la Suprema Corte la aplicación estricta del Pacto de San José de Costa Rica que el país suscribió parlamentariamente en 1985". Además aclaró que no se habla de una ley sino que se busca aplicar "lo que el Pacto indica y que el país se obligó y no está cumpliendo y nos cuestionan los organismos internacionales". El jerarca destacó que el no cumplimiento de este pacto es uno de los reclamos realizados contra Uruguay en organismos internacionales.
Para el ministro, los jueces, quiénes deben ser los que apliquen el pacto, no lo hacen porque "no sienten que haya garantías de seguimiento por parte del Poder Ejecutivo".
Bonomi puntualizó que desde el comienzo del gobierno de José Mujica, "hemos planteado las alternativas: ya está creada la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, tenemos un convenio con Naciones Unidas que nos financia el funcionamiento de esa oficina para diez juzgados, hemos hablado de que vamos a introducir las pulseras electrónicas y el otro instrumento es la prisión domiciliaria que también está en el Pacto de San José de Costa Rica". El ministro destacó además que la seguridad tiene cuatro componentes, uno de los cuáles es la sanción. En esa parte entra el sistema carcelario, cuya situación actual, para Bonomi, no deber ser vista como solamente un tema que involucra los derechos humanos, sino que es un "problema de seguridad". "Mientras tengamos el nivel de reincidencia que hay hoy, cercano al 70%, tenemos un problema muy difícil para bajar los índices de seguridad", afirmó.
Para lograr la reinserción y evitar la recaída de los presos en la delincuencia es que el gobierno planea construir cárceles para bajar el hacinamiento en los centros carcelarios ya existentes. Entre las mejoras en Maldonado, Rivera y la ampliación del Centro Nacional de Rehabilitación, según Bonomi, se llegará a tres mil nuevas plazas. "Y tenemos previsto –y va en el Presupuesto- construir dos complejos de 900 plazas cada uno. No estamos preparándonos para bajar el hacinamiento soltando presos. Hoy tenemos alrededor de 9.000 presos", finalizó.
miércoles, 11 de agosto de 2010
martes, 10 de agosto de 2010
negocios chicos
Luego de la reunión del Gabinete Productivo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, explicó que “en la medida que el precio de la licitación presentado por una Pyme supere -entre el 8 y 16%- al precio presentado por una empresa grande, las primeras podrán igualmente proveer al Estado por un 20% de la demanda”.
Además, la entrega de la mercadería estará distanciada en el tiempo, para que las pequeñas empresas tengan posibilidad de competir. Lo que se busca es “fortalecer” la gestión de las Pymes. “El objetivo es usar las compras públicas como una arma estratégica de desarrollo, pero cumpliendo la normativa internacional tanto de de la Organización Mundial de Comercio, como de los acuerdos que se firman respecto al tema”, consideró.
“Para participar del mecanismo, las empresas se comprometen a un plan de largo plazo”, indicó el ministro. “En el caso de las micro y pequeñas empresas se comprometen a presentar un plan de mejora a tres años y de calidad a dos años; mientras que para las empresas medianas estos plazos son de un año y un años y medio, respectivamente”.
Esto se aplicará para cinco rubros específico: calzado, vestimenta, madera, metalúrgica y alimentación.
Además, Kreimerman dijo que el gobierno pretende implementar tres programas para las compras públicas: “uno referido a pequeñas y medianas empresas, otro referido a los pequeños productores y un tercero referido a las compras tecnológicas”.
“Nosotros pensamos que hasta un 10% de las compras públicas se realizarán con uno de estos programas que mencionábamos”, comentó. “Uruguay compra -entre diversos mecanismos- entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, o sea que estaríamos con una reserva de mercado que alcanzaría entre 300 y 400 millones de dólares para micro, pequeñas y medianas empresas”.
Además, la entrega de la mercadería estará distanciada en el tiempo, para que las pequeñas empresas tengan posibilidad de competir. Lo que se busca es “fortalecer” la gestión de las Pymes. “El objetivo es usar las compras públicas como una arma estratégica de desarrollo, pero cumpliendo la normativa internacional tanto de de la Organización Mundial de Comercio, como de los acuerdos que se firman respecto al tema”, consideró.
“Para participar del mecanismo, las empresas se comprometen a un plan de largo plazo”, indicó el ministro. “En el caso de las micro y pequeñas empresas se comprometen a presentar un plan de mejora a tres años y de calidad a dos años; mientras que para las empresas medianas estos plazos son de un año y un años y medio, respectivamente”.
Esto se aplicará para cinco rubros específico: calzado, vestimenta, madera, metalúrgica y alimentación.
Además, Kreimerman dijo que el gobierno pretende implementar tres programas para las compras públicas: “uno referido a pequeñas y medianas empresas, otro referido a los pequeños productores y un tercero referido a las compras tecnológicas”.
“Nosotros pensamos que hasta un 10% de las compras públicas se realizarán con uno de estos programas que mencionábamos”, comentó. “Uruguay compra -entre diversos mecanismos- entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, o sea que estaríamos con una reserva de mercado que alcanzaría entre 300 y 400 millones de dólares para micro, pequeñas y medianas empresas”.
villa chorro
El Ministerio del Interior pretende transformar las 18 chacras policiales que existen en todo el país en cárceles de mediana y mínima seguridad que permitirán dar alojamiento a unos 1.000 reclusos.
El titular de esa cartera, Eduardo Bonomi, dijo hoy que el Consejo de Ministros le dio "luz verde" para comenzar a trabajar en una "experiencia piloto" que implemente un "pueblo penitenciario en las chacras".
Bonomi participó de la investidura a Uberfil Monzón como nuevo presidente del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y a Jaime Saavedra como director general.
El ministro dijo que se pretende que "la gente que tenga un comportamiento adecuado" pueda vivir y trabajar junto a su familia. Bonomi indicó que "vamos a hacer" este proyecto con el Instituto Nacional de Colonización, Mevir y el Ministerio de Ganadería.
SIN ALARMA. La secretaría del Interior también tiene pensado la liberación de unos 2000 reclusos, medida que fue criticada por miembros de la oposición.
Entre los presos que el Ministerio tiene en vista para liberar se encuentran aquellos que hayan cumplido los dos tercios de su pena y no tengan condena, los que tengan enfermedades terminales, las mujeres con embarazo a término o en los primeros meses de lactancia (tendrían prisión domiciliaria) y los primarios absolutos para quienes el fiscal haya pedido de seis meses a un año y que no tengan antecedentes como menores. Bonomi dijo hoy que se piensa en que estos últimos puedan cumplir tareas comunitarias.
Además, afirmó que "todo" estaría "controlado" por la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida o con brazaletes electrónicos. En ese sentido, resaltó que "el planteo no es para alarmarse".
Por su parte, el diputado colorado Germán Cardoso sostuvo que el gobierno del Frente Amplio aplicó esta medida en el año 2005 y resultó un "fracaso rotundo".
El titular de esa cartera, Eduardo Bonomi, dijo hoy que el Consejo de Ministros le dio "luz verde" para comenzar a trabajar en una "experiencia piloto" que implemente un "pueblo penitenciario en las chacras".
Bonomi participó de la investidura a Uberfil Monzón como nuevo presidente del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y a Jaime Saavedra como director general.
El ministro dijo que se pretende que "la gente que tenga un comportamiento adecuado" pueda vivir y trabajar junto a su familia. Bonomi indicó que "vamos a hacer" este proyecto con el Instituto Nacional de Colonización, Mevir y el Ministerio de Ganadería.
SIN ALARMA. La secretaría del Interior también tiene pensado la liberación de unos 2000 reclusos, medida que fue criticada por miembros de la oposición.
Entre los presos que el Ministerio tiene en vista para liberar se encuentran aquellos que hayan cumplido los dos tercios de su pena y no tengan condena, los que tengan enfermedades terminales, las mujeres con embarazo a término o en los primeros meses de lactancia (tendrían prisión domiciliaria) y los primarios absolutos para quienes el fiscal haya pedido de seis meses a un año y que no tengan antecedentes como menores. Bonomi dijo hoy que se piensa en que estos últimos puedan cumplir tareas comunitarias.
Además, afirmó que "todo" estaría "controlado" por la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida o con brazaletes electrónicos. En ese sentido, resaltó que "el planteo no es para alarmarse".
Por su parte, el diputado colorado Germán Cardoso sostuvo que el gobierno del Frente Amplio aplicó esta medida en el año 2005 y resultó un "fracaso rotundo".
lunes, 9 de agosto de 2010
bomba de tiempo
El pasado 29 de julio, el presidente José Mujica, al igual que varios ministros —incluido el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé— recibió una carta firmada por titulares de instituciones empresariales de Maldonado pidiéndole que revea la decisión de convertir al penal Las Rosas en una cárcel regional.
Las Rosas está próxima a la ciudad de San Carlos y es uno de los centros penitenciarios con mayor hacinamiento: tiene 150 plazas y alberga a 513 presos, según datos de agosto de 2009 del comisionado parlamentario. Su ampliación consiste en dos nuevas cárceles "espejos" de 250 plazas cada una. La primera estará habilitada en breve y alojará a reclusos de Rocha y Lavalleja.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, salió hoy al cruce de las críticas hacia la idea del gobierno y pidió "coherencia" en las mismas. "Se plantea la oposición a la construcción de cárceles donde ya existen", dijo el jerarca afirmando su voz al mencionar las últimas dos palabras.
"Existe oposición en Maldonado", continuó, "donde existe Las Rosas, una bomba de tiempo que tienen hace 20 años", puntualizó. Bonomi dijo que la idea es sustituirla por dos cárceles más chicas, para la misma cantidad de reclusos y ocuparlas con los presos de menor seguridad. "Los que no son peligrosos", comentó al programa Arriba Gente de Canal 10. "A esta altura hay que ser coherente. Las cárceles no las quiere nadie. Pero no hay problema con que estén cerca de lugares turísticos (como Punta del Este) si se gestionan bien. Ésta que tienen ahora es una bomba de tiempo y si la queremos mejorar hay oposición; es un contrasentido", finalizó.
Las Rosas está próxima a la ciudad de San Carlos y es uno de los centros penitenciarios con mayor hacinamiento: tiene 150 plazas y alberga a 513 presos, según datos de agosto de 2009 del comisionado parlamentario. Su ampliación consiste en dos nuevas cárceles "espejos" de 250 plazas cada una. La primera estará habilitada en breve y alojará a reclusos de Rocha y Lavalleja.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, salió hoy al cruce de las críticas hacia la idea del gobierno y pidió "coherencia" en las mismas. "Se plantea la oposición a la construcción de cárceles donde ya existen", dijo el jerarca afirmando su voz al mencionar las últimas dos palabras.
"Existe oposición en Maldonado", continuó, "donde existe Las Rosas, una bomba de tiempo que tienen hace 20 años", puntualizó. Bonomi dijo que la idea es sustituirla por dos cárceles más chicas, para la misma cantidad de reclusos y ocuparlas con los presos de menor seguridad. "Los que no son peligrosos", comentó al programa Arriba Gente de Canal 10. "A esta altura hay que ser coherente. Las cárceles no las quiere nadie. Pero no hay problema con que estén cerca de lugares turísticos (como Punta del Este) si se gestionan bien. Ésta que tienen ahora es una bomba de tiempo y si la queremos mejorar hay oposición; es un contrasentido", finalizó.
domingo, 8 de agosto de 2010
no 8 dígitos
El sindicato de Antel solicitó al gobierno que no realice los cambios en la numeración telefónica previstos para el 29 de agosto y manifestó su preocupación ante la posible incorporación de un nuevo operador.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, dijo a El Espectador que los números disponibles son suficientes en caso de que se registre un pico de demanda de nuevos servicios. Además, estos cambios significan un gasto millonario para el ente.
Además, desde Sutel se manifestó preocupación por la posibilidad de que un nuevo operador ingrese al mercado. "Nosotros queremos establecer un espacio donde podamos, en conjunto con el gobierno, manifestar nuestras dudas ante este emprendimiento que, de alguna manera, termina afectando al país. Desde ya deslindamos cualquier tipo de responsabilidad en lo que pueda suceder a partir del día siguiente al 29", afirmó Molina.
El sindicato solicitó al Poder Ejecutivo una entrevista para plantear estas inquietudes pero hasta el momento no han tenido respuesta.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, dijo a El Espectador que los números disponibles son suficientes en caso de que se registre un pico de demanda de nuevos servicios. Además, estos cambios significan un gasto millonario para el ente.
Además, desde Sutel se manifestó preocupación por la posibilidad de que un nuevo operador ingrese al mercado. "Nosotros queremos establecer un espacio donde podamos, en conjunto con el gobierno, manifestar nuestras dudas ante este emprendimiento que, de alguna manera, termina afectando al país. Desde ya deslindamos cualquier tipo de responsabilidad en lo que pueda suceder a partir del día siguiente al 29", afirmó Molina.
El sindicato solicitó al Poder Ejecutivo una entrevista para plantear estas inquietudes pero hasta el momento no han tenido respuesta.
sábado, 7 de agosto de 2010
trabajo es salud
Bonomi considera que la tasa de desempleo actual, ubicada en 7%, mejora las posibilidades de los reclusos para conseguir empleo
El proyecto del Ministerio del Interior para liberar a presos primarios o a quienes hayan cumplido los dos tercios de la pena generó el debate sobre los menores infractores.En ese sentido, Bonomi explicó que si bien al cumplir los 18 años los adolescentes no registran antecedentes por ser inimputables, quiere excluir del beneficio de la libertad anticipada a quienes hayan cometido delitos graves cuando eran menores.Consultado por el diario El Observador el ministro puso el ejemplo de los adolescentes que integraron la banda de la granada. Consideró que un joven que formó parte de esa banda o que cometió un delito grave no puede ser liberado porque, si bien jurídicamente es primario, es peligroso.En otro sentido, Bonomi estimó que la tasa de desempleo actual, ubicada en 7%, mejora las posibilidades de los reclusos para conseguir trabajo.Bonomi planteó que poner a los presos a trabajar en obra pública en 2005 con el 13% de desempleo era impensable, pero hoy el desempleo bajó. “En aquel momento la gente podía preguntarse si tenía que estar presa para tener empleo. Hoy es otra la situación”, dijo. Además indicó que su intención es que las chacras suministren alimentos para las cárceles. Quiere que sean preparadas por los reclusos a cambio de un salario. Incluso, estudia la posibilidad de que puedan hacer los uniformes para la Policía.
El proyecto del Ministerio del Interior para liberar a presos primarios o a quienes hayan cumplido los dos tercios de la pena generó el debate sobre los menores infractores.En ese sentido, Bonomi explicó que si bien al cumplir los 18 años los adolescentes no registran antecedentes por ser inimputables, quiere excluir del beneficio de la libertad anticipada a quienes hayan cometido delitos graves cuando eran menores.Consultado por el diario El Observador el ministro puso el ejemplo de los adolescentes que integraron la banda de la granada. Consideró que un joven que formó parte de esa banda o que cometió un delito grave no puede ser liberado porque, si bien jurídicamente es primario, es peligroso.En otro sentido, Bonomi estimó que la tasa de desempleo actual, ubicada en 7%, mejora las posibilidades de los reclusos para conseguir trabajo.Bonomi planteó que poner a los presos a trabajar en obra pública en 2005 con el 13% de desempleo era impensable, pero hoy el desempleo bajó. “En aquel momento la gente podía preguntarse si tenía que estar presa para tener empleo. Hoy es otra la situación”, dijo. Además indicó que su intención es que las chacras suministren alimentos para las cárceles. Quiere que sean preparadas por los reclusos a cambio de un salario. Incluso, estudia la posibilidad de que puedan hacer los uniformes para la Policía.
viernes, 6 de agosto de 2010
jugando al doctor
La Justicia investigará el caso de una adolescente que abortó con casi cuatro meses de embarazo y luego incendió el feto. La joven sostiene que una médica y una enfermera del Hospital Pereira Rossell le facilitaron las pastillas abortivas.
Una adolescente de 14 años, su madre, el novio de ella, y una médica declararán hoy ante la Justicia de Pando en el marco de una investigación que se abrió tras un aborto que se efectuó la menor de edad. También fue citada una enfermera, pero la policía aún no había logrado ubicarla.
La interrupción del embarazo se concretó el sábado pasado, a tres meses y tres semanas de gestación. Una vez culminado el proceso abortivo, el feto fue incendiado en una lata que rociaron con queroseno. La situación fue denunciada a las autoridades policiales por una vecina. La adolescente y su madre dijeron a la policía que una médica del Hospital Pereira Rossell fue quien le "recomendó" tomar pastillas de un medicamento para perder el bebé y que una enfermera se las llevó hasta la casa. Las pastillas las consiguieron sin mayores problemas en el propio hospital, relataron.
El embarazo tenía un curso de casi cuatro meses. La joven comenzó atendiéndose en una policlínica en la localidad de Suárez, pero por su edad fue derivada al Pereira Rossell, informaron a El País fuentes de la investigación.
Según dijo la madre de la joven a la policía, su hija no estaba en condiciones de tener al bebé debido a su precaria situación económica. La familia está integrada por ellas dos y cuatro hijos más y el ingreso total es de unos $ 10.000 mensuales.
Tras explicar sus penurias económicas, siempre de acuerdo al relato de la madre y la chica que abortó, la médica les recomendó cuatro pastillas, que una mujer, sin identificarse, les facilitó (gratis) en un pasillo del Pereira. Las pastillas que les dieron eran de la marca "Misopros" y como "no hizo efecto", volvieron a la consulta.
Esta vez, una enfermera fue la encargada, de acuerdo a las declaraciones de ambas a la policía, de llevar a la propia casa de ellas en Suárez, otra caja con cuatro pastillas más, pero en este caso de Misoprostol. La funcionaria dejó su número de teléfono celular por si necesitaban algo. Precisamente con ese número la policía ayer intentaba encontrarla pero no habían podido comunicarse.
Aborto. Un día después de colocarse las pastillas, la joven perdió al bebé en el inodoro.
Tras el aborto, la madre de la chica, su novio y otra mujer pusieron el cuerpo en una lata, lo rociaron con queroseno y plásticos y le prendieron fuego para eliminar cualquier vestigio.
Una vecina, que había sentido gritos y advertido una situación extraña, logró recoger elementos de prueba como apósitos con restos orgánicos que no llegaron a quemarse y la lata donde se colocó el feto. Estos elementos fueron puestos a disposición de la policía.
El tema seguirá hoy en la Justicia cuando todos los implicados declaren en el Juzgado de Pando.
Consultado sobre la presunta participación de personal médico en este asunto, el profesor de Clínica Ginecotocológica del Pereira Rossell, Leonel Briozzo, dijo desconocer la situación. "Será alguna injuria, como de costumbre", respondió Briozzo a El País.
Pastillas. Los casos de abortos provocados con pastillas de Misoprostol no son novedad; es una práctica que se realiza hace muchos años en Uruguay.
También es usual que esas pastillas se consigan en el propio Hospital Pereira Rossell y sus alrededores.
Hace dos años, una investigación realizada por El País, consignó que una mujer de mediana edad simulaba ser paciente en una sala de espera y ofrecía las pastillas por un precio a embarazadas que concurrían a consultas en el hospital.
Una adolescente de 14 años, su madre, el novio de ella, y una médica declararán hoy ante la Justicia de Pando en el marco de una investigación que se abrió tras un aborto que se efectuó la menor de edad. También fue citada una enfermera, pero la policía aún no había logrado ubicarla.
La interrupción del embarazo se concretó el sábado pasado, a tres meses y tres semanas de gestación. Una vez culminado el proceso abortivo, el feto fue incendiado en una lata que rociaron con queroseno. La situación fue denunciada a las autoridades policiales por una vecina. La adolescente y su madre dijeron a la policía que una médica del Hospital Pereira Rossell fue quien le "recomendó" tomar pastillas de un medicamento para perder el bebé y que una enfermera se las llevó hasta la casa. Las pastillas las consiguieron sin mayores problemas en el propio hospital, relataron.
El embarazo tenía un curso de casi cuatro meses. La joven comenzó atendiéndose en una policlínica en la localidad de Suárez, pero por su edad fue derivada al Pereira Rossell, informaron a El País fuentes de la investigación.
Según dijo la madre de la joven a la policía, su hija no estaba en condiciones de tener al bebé debido a su precaria situación económica. La familia está integrada por ellas dos y cuatro hijos más y el ingreso total es de unos $ 10.000 mensuales.
Tras explicar sus penurias económicas, siempre de acuerdo al relato de la madre y la chica que abortó, la médica les recomendó cuatro pastillas, que una mujer, sin identificarse, les facilitó (gratis) en un pasillo del Pereira. Las pastillas que les dieron eran de la marca "Misopros" y como "no hizo efecto", volvieron a la consulta.
Esta vez, una enfermera fue la encargada, de acuerdo a las declaraciones de ambas a la policía, de llevar a la propia casa de ellas en Suárez, otra caja con cuatro pastillas más, pero en este caso de Misoprostol. La funcionaria dejó su número de teléfono celular por si necesitaban algo. Precisamente con ese número la policía ayer intentaba encontrarla pero no habían podido comunicarse.
Aborto. Un día después de colocarse las pastillas, la joven perdió al bebé en el inodoro.
Tras el aborto, la madre de la chica, su novio y otra mujer pusieron el cuerpo en una lata, lo rociaron con queroseno y plásticos y le prendieron fuego para eliminar cualquier vestigio.
Una vecina, que había sentido gritos y advertido una situación extraña, logró recoger elementos de prueba como apósitos con restos orgánicos que no llegaron a quemarse y la lata donde se colocó el feto. Estos elementos fueron puestos a disposición de la policía.
El tema seguirá hoy en la Justicia cuando todos los implicados declaren en el Juzgado de Pando.
Consultado sobre la presunta participación de personal médico en este asunto, el profesor de Clínica Ginecotocológica del Pereira Rossell, Leonel Briozzo, dijo desconocer la situación. "Será alguna injuria, como de costumbre", respondió Briozzo a El País.
Pastillas. Los casos de abortos provocados con pastillas de Misoprostol no son novedad; es una práctica que se realiza hace muchos años en Uruguay.
También es usual que esas pastillas se consigan en el propio Hospital Pereira Rossell y sus alrededores.
Hace dos años, una investigación realizada por El País, consignó que una mujer de mediana edad simulaba ser paciente en una sala de espera y ofrecía las pastillas por un precio a embarazadas que concurrían a consultas en el hospital.
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