orden y castigo

Militares retirados solicitarán una reunión con el presidente José Mujica para reclamar la anulación de la resolución que habilitó la actuación de la Justicia en unos 80 casos de crímenes cometidos durante la dictadura.
Los militares retirados pedirán una reunión con el presidente José Mujica, ante el decreto firmado el jueves, que da paso a la Justicia para que investigue sobre todos los casos que fueron incluidos en la Ley de Caducidad en gobiernos anteriores, según informó este sábado el diario Últimas Noticias.

Fuentes castrenses dijeron al matutino que podrían ser llamados a declarar ante la Justicia entre 400 y 500 militares. “Dicen que es una payasada, que cualquier juez, razonablemente, va a decir que es inconstitucional (…) pero todo el mundo sabe que el derecho lo ponen para el lado que quieren”.

El martes se reunirán para tomar formalmente una decisión sobre la reunión con el presidente y afinarán su defensa basada en la no retroactividad de los decretos presidenciales y en el principio de cosa juzgada, como forma de garantía del proceso.

Por otra parte, estiman que el plazo de prescripción de los delitos cometidos en la dictadura, que culmina el próximo 1º de noviembre, puede acelerar los procesos judiciales.

Si bien desde el Poder Legislativo y Ejecutivo existe intensiones de intentar evitar la prescripción de lo delitos y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo determina, aún no se ha presentado ninguna iniciativa concreta.

Para el Dr. José Korzeniak la prescripción no debería correr porque las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Caducidad funcionaron como un obstáculo para el proceso, por lo que el plazo de prescripción comenzaría a correr recién a partir de la resolución de Presidencia del pasado 30 de junio.

“El Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”, sostiene el fallo de la CIDH.