El Plenario del Frente Amplio analizará este sábado dos documentos que plantean diferentes posibilidades para quitar la Ley de Caducidad. Mientras la Vertiente Artiguista busca un tercer referéndum, el presidente Brovetto planteó una solución administrativa.La Mesa Política del jueves pasado decidió convocar a un nuevo Plenario para este sábado para analizar la situación relacionada con el proyecto Interpretativo de la Ley de Caducidad que tiene el rechazo del presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori por no respetar los pronunciamientos populares de 1989 y 2009.
"Hay coordinadoras que van con una posición y ni abren los comités, llevan la posición personal de cada uno", afirmó el integrante de Redes Frenteamplistas Aquiles Parrella agregando que la opinión del presidente José Mujica "es la más correcta".
Parrella-que aclaró que Redes no tiene una posición orgánica y que opina a título personal- sostuvo que cuando se habló de juntar firmas para plebiscitar por segunda vez sobre Ley de Caducidad la fuerza política no debió haber acompañado: "Hay gente que dice que estaba dentro de lo que se había resuelto en un Plenario, lo que no es cierto, en el Plenario se había aceptado que se respetara el artículo 4 que fue lo que se hizo".
El frenteamplista subrayó que la decisión posterior del Congreso de derogar la ley fue "sin consultarle a nadie", considerando que "debió haberse parado en ese momento". "Yo creo que fue lo peor que pudieron haber hecho, era casi seguro que no iba a salir y ahora hay dos plebiscitos que perdimos, no nos gusta, pero perdimos y no podemos arreglarlo con una ley".
"Nosotros usamos toda la vida los plebiscitos como caballito de batalla, que la gente vote, que la gente diga y ahora como la gente votó algo que no nos gusta le pasamos por arriba", cuestionó.
"Hay gente que se ha jugado sus últimos ocho años de existencia política por los Derechos Humanos y el país es otra cosa., el país es los DDHH y muchísimas cosas más, estar jugado por los DDHH es una cosa muy chiquita. Van a lograr quebrar el Frente, creo que es lo que buscan", agregó.
Parrella subrayó que las bases que participan del Plenario responden al Partido Comunista y al Partido por la Victoria del Pueblo "que tiene gente ahí" y están "equivocados de cabo a rabo".
En el Plenario-que comenzará sobre las dos de la tarde en el Centro de Vendedores y Viajantes- se realizará una evaluación de la situación ante el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad y se discutirán sobren los dos documentos presentados en la Mesa Política.
El de la Vertiente Artiguista plantea que luego de votar el próximo 19 de mayo el proyecto Interpretativo se convoque a un proreferéndum, con un mecanismo especial que debe ser previamente aprobado por ley.
La convocatoria se realizaría por iniciativa de los propios parlamentarios y de llegar a juntar los votos del 25% del padrón electoral se llamará a una consulta obligatoria.
No es intención de la presente fundamentación discutir los alcances constitucionales de la expresión de la soberanía, sino encarar las críticas que se han planteado respecto a la relación entre los pronunciamientos populares y la voluntad del Parlamento de sancionar un proyecto de ley. Dado que la discusión ha significado un punto de desencuentro importante entendemos necesario encontrar políticamente una solución que permita contemplar las distintas visiones. Los problemas sobre aspectos democráticos del accionar político deben ser encarados con más democracia", sostiene el documento presentado el jueves por la Vertiente Artiguista.
"Si en la consulta se llegara al 25 % de las voluntades de interponer el recurso, la Corte Electoral dentro de los 120 días siguientes debería llamar a la ciudadanía para que se exprese por derogar o por mantener la Ley en cuestión", agrega el sector en la argumentación del planteo.
En tanto la propuesta planteada por el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, que fue elaborado por diferentes juristas de varios sectores de la coalición de izquierda, plantea la situación de la Ley de Caducidad desde el punto de vista jurídico, planteando diferentes mecanismos para integrar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre su inconstitucionalidad, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la necesidad de quitar la Ley de Caducidad y las posibilidades propias del Poder Ejecutivo para revocar los actos administrativos de anteriores gobiernos que dejaron bajo el amparo de la Ley de Caducidad varios casos de violaciones a los derechos humanos.
"Cuando se aprueba un Tratado, según un principio pacíficamente aceptado, no se pueden invocar disposiciones del derecho interno para incumplirlo. En el caso que nos ocupa, si el Estado uruguayo consideraba que algunas de las disposiciones de la Convención no debían serle aplicadas debió, en el momento de la aceptación formular las reservas del caso o, posteriormente denunciarlo. Respecto a lo que estamos tratando, el Uruguay no hizo nada de esto. En consecuencia, las disposiciones del Tratado son obligatorias en Uruguay, sin que esto signifique lesión alguna de su soberanía, la que funcionó a plenitud cuando este instrumento fue aprobado", afirma el texto presentado por Brovetto.
El documento agrega que el fallo de la SCJ sobre la inconstitucionalidad de la ley quita legitimidad a las resoluciones del Ejecutivo que aplican la ley, posteriormente declarada inconstitucional: "Eso significa tanto como decir que los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo tienen una ilegitimidad manifiesta, y en consecuencia y de conformidad con la doctrina más recibida encabezada en Uruguay por Sayagués Laso, pueden ser revocados. Vale decir, si el PE deja sin efecto por razones de ilegitimidad los actos administrativos que incluyeron en la ley de caducidad a algunas personas, esto tendrá efecto retroactivo y se podrán reiniciar todas las causas archivadas".
La resolución de la Mesa Política del Frente Amplio de convocar a un Plenario Extraordinario fue votada por 16 votos a favor contra 8 en contra, pertenecientes al Partido Comunista, cinco representantes de las bases de Montevideo y dos representantes de las bases de Canelones que no consideraban pertinente volver a corcovar a un Plenario cuando ese órgano ya había tomado una decisión sobre el Interpretativo, dado que en marzo de este año mandató a los legisladores a apoyar el proyecto.
Sin embargo, la carta presentada por el presidente Mujica y su visita a la bancada oficialista así como también el conocimiento de encuestas que revelaban el rechazo por parte de la ciudadanía a una ley que vaya en contra de lo expresado en consulta popular fueron considerados como nuevos elementos a tener en cuenta, que le dan pertinencia a un nuevo llamado a Plenario.
El Plenario está constituido por el presidente de la coalición de izquierda, 85 representantes de los sectores políticos, 41 representantes de las coordinadoras de Montevideo, 41 representantes de las departamentales del interior y tres representantes de las coordinadoras y comités del exterior.
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