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Bonomi opinó que agravar las penas y juzgar como adultos a menores acelera "la carrera delictiva".

En el marco del seminario “Políticas para el abordaje de la infracción adolescente” convocado por el PIT-CNT se abordaron ayer las reformas que actualmente discuten en el Parlamento los cuatro partidos: mantenimiento de los antecedentes penales de los menores infractores, aumento de penas, creación de un instituto de rehabilitación y aplicación del régimen penal adulto a partir de los 16 años. Asimismo, surgió una mirada crítica sobre cómo los medios de comunicación presentan las noticias sobre delitos cometidos por adolescentes.

Cierran filas
A instancias del Partido Independiente, una delegación encabezada por su líder, Pablo Mieres, se entrevistó ayer con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, y con otros representantes de la fuerza política para evaluar acciones contra la campaña colorada para habilitar un plebiscito que ponga a consideración de la ciudadanía la aplicación del régimen penal adulto a partir de los 16 años. Si bien no implementarán acciones conjuntas, ambos partidos coincidieron en la “urgencia” de adoptar medidas para combatir la inseguridad y en el “discurso oportunista” del Partido Colorado.
“Se tiene que desarrollar un discurso más acorde a los derechos humanos. Estas propuestas, en cambio, agravan la situación”, dijo a la diaria la diputada Berta Sanseverino. “La iniciativa del Partido Colorado es engañosa, de tono oportunista, porque no resuelve problemas reales”, consideró Mieres.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, comenzó su oratoria destacando la intención de los organismos internacionales de firmar con Uruguay un convenio para colocarlo como “ejemplo” en la región del país que tiene “los mejores niveles de seguridad”. El jerarca discrepó con las cifras de Unicef y afirmó que la participación de menores de 18 años en rapiñas y hurtos son “mucho más elevadas” que el 5% que sugiere esa institución, y es “cada vez mayor”.

Pese a ello, llamó a “no entramparse en discursos fáciles” y advirtió que a nivel mundial el aumento de penas o extender a los jóvenes el sistema penal adulto “han fracasado” como solución, entre otras cosas porque se produce un “aceleramiento de la carrera delictiva”. Asimismo, para “desmitificar” esos discursos mencionó que de los homicidios cometidos en 2010, los menores de 18 años fueron responsables de “el menor de los porcentajes menores”.

Por otra parte, defendió como medida la conservación de los antecedentes “por un plazo determinado” cuando el adolescente haya cometido homicidio, secuestro, rapiña, copamiento o violación. El defensor de menores Guillermo Paysée discrepó con este punto por entender que es una información “insignificante” a la hora de establecer condena. “Desde 2004, habré tenido unas 3.000 defensas. No recuerdo que ninguna fuera secuestro, alguna quizás por violación”, ejemplificó. El presidente del sindicato del INAU, Joselo López, señaló que el gremio al que representa no alcanzó una postura única en este aspecto. Enfatizó que el sindicato no está de acuerdo en que el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) se separe del INAU para que “la ejecución de medidas judiciales no quede por fuera” de esa institución.

En cuanto a los lugares y condiciones de reclusión, López arremetió contra el uso de contenedores como solución definitiva. “Seguimos sin entender cómo se pudo encontrar una solución rápida para la reclusión de torturadores y responsables de crímenes de lesa humanidad y no se puede encontrar una para esto”, disparó. El director del INAU, Javier Salsamendi, aclaró que los contenedores “no eran un secreto” y que son “tan provisorios” que “son alquilados”. El jerarca puso énfasis en la necesidad de que el INAU garantice que las decisiones judiciales se cumplan y anunció que hay dos comisiones en marcha, una de ellas para trabajar en ese tema.

Vender, informar
“No creo que los medios generen eventualmente sensación de inseguridad. Pero, sin adjudicar intención, creo que no contribuyen a solucionar el problema sino a estigmatizar a la totalidad de los jóvenes porque lo que les importa es vender, no informar”, afirmó Salsamendi. En la misma dirección se expresó Paysée y puso como ejemplo que para decir que en la comisión de un delito participaron mayores se afirma que “no estarían involucrados menores”. “No sé si es distracción o ignorancia, no quiero pensar que es por intencionalidad”, completó. El presidente del INAU sí atribuyó “intencionalidad política” tanto a los medios como a los colorados. “Hay un oportunismo político desenfrenado porque como senador puede influir en las decisiones”, dijo en referencia al discurso sobre el tema de Pedro Bordaberry. “Él, que defendió siempre la ley de impunidad, ahora plantea un ataque a la juventud”, apuntó López.