nadie se salva

Emergencia sanitaria. La nueva norma establece que los médicos convocados deberán cumplir en el sector público el 20% de las horas que destinan al privado Hay dudas sobre su constitucionalidad De apuro, el FA y parte de la oposición votaron ayer en el Senado la ley de emergencia sanitaria que obliga a los anestesistas a trabajar en Salud Pública. Los médicos rechazaron "imposición autoritaria" del gobierno.

Minutos antes que el proyecto se considerara como urgente en el Senado, el ex ministro de Salud Pública y senador colorado Alfredo Solari se acercó a las senadoras Lucía Topolansky y Mónica Xavier y les advirtió los riesgos de votar una ley que obligue a los anestésico-quirúrgicos a trabajar "contra su voluntad". Solari sugirió una solución alternativa pero la respuesta fue clara: "El presidente necesita la ley, sí o sí".

La reacción de los médicos no se hizo esperar. Y no están nada conformes con la idea de que sean obligados a destinar horas de su trabajo para atender esta situación. "Los médicos trabajamos por convicciones éticas y no por imposiciones autoritarias", dijo a El País el vocero de las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas (SAQ), Francisco Cóppola.


Para el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, "no es un planteo lógico" el del gobierno. Agregó que al "imponer" estas medidas "no se genera el mejor clima, y acá es cuando más calma hay que tener".

El texto del proyecto -en hojas membretadas del Ministerio de Salud Pública (MSP)- lo llevó a media mañana el senador oficialista Ernesto Agazzi al plenario, mientras se discutía otro tema. Agazzi mandó hacer fotocopias para distribuirlo a sus compañeros y a los senadores de la oposición: nadie lo había leído hasta entonces.

La discusión de la ley no duró más de tres horas, ya que a las 19 se inició el receso parlamentario. El proyecto fue votado por 23 en 28 y dividió a la oposición: votaron en contra los senadores blancos Carlos Moreira, Eber Da Rosa, Jorge Bartesaghi (Alianza Nacional, suplente de Jorge Larrañaga) y Francisco Gallinal (UNA), además del colorado Solari.

Varios de esos senadores alertaron por la inconstitucionalidad de la ley y dijeron que tendría el efecto contrario al buscado, ya que obligar a trabajar "contra la voluntad" alentará el "resentimiento". Otros, como el colorado Pedro Bordaberry, votaron el proyecto pero plantearon sus dudas.

Bordaberry dijo que "es la primera vez que se obligará a ciudadanos a hacer algo compulsivamente". Lo comparó con la militarización de los bancarios en 1968 y dijo que "lo más parecido a esto son las medidas prontas de seguridad". Agregó que es "amante de la libertad" y que esta ley le choca.

Y el herrerista Gustavo Penadés dijo que la situación "no tiene un mes ni 20 días", planteó sus dudas respecto a si no se afectará al sector privado, además de "cercenar" derechos de anestesistas. Adelantó su voto positivo por "estar en juego el riesgo de vivir o morir", pero alertó: "es la primera vez que se usa una convocatoria obligatoria de ciudadanos, que no se haga costumbre".

CONVOCATORIA. La ley regirá por 120 días y faculta al MSP a "convocar al cuerpo médico y auxiliares de medicina que considere necesario". Esos médicos trabajarán en hospitales públicos "por hasta 20% de las horas que realizan" en mutualistas.

En este punto Cóppola planteó una duda que autoridades del gobierno consultadas por El País no supieron responder: si estas horas serán como extras a las que hacen en el mutualismo. "Si se suspende el 20% de las operaciones en el mutualismo para hacerlas en el sector público es lo mismo. Porque lista de pacientes para operar hay tanto en los hospitales como en el mutualismo. No es una solución de fondo", argumentó.

El personal convocado "no podrá negarse", salvo "razones de fuerza mayor debidamente justificadas". Si el MSP considera que la razón no está justificada, un tribunal disciplinario juzgará y establecerá sanciones.

Fuentes del gobierno dijeron que se espera no llegar a tener que convocar a anestesistas del sector privado, sino que apelan a la reacción de los que hoy están contratados en régimen de Comisión de Apoyo de ASSE y por diferentes motivos (económicos sobre todo) no le dan prioridad al sector público.

Ni bien el Presupuesto sea promulgado, el gobierno podrá echar mano a $ 200 millones previstos allí para emergencia sanitaria. El artículo 720 del Presupuesto autoriza a contratar personal "ante situaciones de emergencia".

Para declarar la emergencia el gobierno se basa en varios artículos de la Constitución: 7 (los habitantes "tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida"), 36 (establece limitaciones a la libertad de trabajo por "razones de interés general") y 44 ("el Estado legislará en cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas").

El senador frenteamplista Enrique Rubio fundamentó el proyecto en una situación de emergencia "intolerable". Solari, en cambio, argumentó que no le gustaría "estar en manos de un cirujano o anestesista que tenga que anestesiar u operar contra su voluntad".

Parte del debate de ayer se centró en si hay o no una situación de emergencia. Solari dijo que el gobierno miente al afirmar que hay listas "crecientes" en hospitales y que la emergencia sanitaria "es imaginaria", pero dijo que la declaración responde a una "necesidad política". Aseguró que el problema es la "incapacidad de gestión".

La senadora socialista Mónica Xavier le respondió que sus afirmaciones fueron "un exceso" ya que la emergencia es real" y "no hay fechas para realizar intervenciones". Pidió: "Póngase en el lugar del padre o madre de un niño al que no pueden operar".

Fernández Huidobro dijo que el problema "es viejísimo" y habló del poder de "corporaciones como la de los anestesiólogos", que "no quieren largar la teta, los vamos a sacar del cajón de Martinelli y la seguirán chupando". Dijo que estas corporaciones "tienen el monopolio de la oferta" y "nos tienen de rehenes a todos". Huidobro concluyó a los gritos: "¡Ni los ricos se escapan! ¡Les dicen que tienen unas enfermedades terribles y les hacen 84 operaciones quirúrgicas!".

Un Cierre agitado del período legislativo
Como sucede cada 15 de diciembre, los legisladores clausuraron ayer el período ordinario de sesiones. Pero el receso será levantado varias veces en los próximos días. Por lo pronto, esta tarde la Cámara de Diputados sesionará para votar la ley de emergencia sanitaria. La sesión tendrá un ingrediente especial: el senador Ernesto Agazzi anunció que, ante los reclamos de la oposición, estará presente en sala el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, que responderá dudas. Antes de Navidad, la Cámara de Diputados aprobará los cambios al Presupuesto. Entre otros temas, el Senado tiene previsto tratar el pedido de renuncia para el senador frenteamplista Ramón Fonticiella, que ayer anunció en sala el senador nacionalista Luis Alberto Heber.

ASSE: gestiones en Buenos Aires
El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mario Córdoba, viajó ayer a Buenos Aires, y según dijeron a El País fuentes de ese organismo, lo hizo para entablar los primeros contactos con las autoridades sanitarias de Argentina en caso de que sea necesario contar con sus especialistas para atender la emergencia sanitaria local.

Las mismas fuentes señalaron que el presidente José Mujica se habría comunicado con su par argentina, Cristina Fernández, para avisarle que partía rumbo a Buenos Aires una delegación sanitaria con ese objetivo. Sin embargo, ayer el ministro de Salud, Daniel Olesker, dijo que la posibilidad de traer especialistas desde el exterior la descarta "en lo inmediato" porque apuesta a una solución interna. Pero enseguida dijo: "Acá hay un problema de oferta. Y entonces no se puede descartar ninguna solución". El martes el propio Olesker dijo que se podría adoptar una medida similar como la dispuesta en el Hospital de Ojos cuando se trajo a oftalmólogos cubanos para operar.