Como parte de la reforma de la salud impulsada por el gobierno del Frente Amplio (FA) fue creado el Fonasa en 2008. El objetivo era construir un seguro nacional de salud que permitiera que cada persona pudiera tener una cobertura de salud de calidad realizando un aporte económico proporcional a sus posibilidades. La idea era ir expandiendo ese seguro gradualmente hasta abarcar a toda la población uruguaya.
Partiendo del Seguro de Salud del BPS (ex DISSE), el Fonasa incluye a cerca de 1.500.000 personas entre trabajadores, jubilados y menores de edad. El cronograma de futuras incorporaciones prevé que en 2011 ingresarán los trabajadores de las Cajas de Auxilio (CA) y los profesionales, y entre 2011 y 2014 los cónyuges de los beneficiarios del Fonasa.
Un sector de las CA se resiste a ingresar al sistema. En su discurso han hecho énfasis en que son instituciones solventes que brindan amplios servicios a sus trabajadores miembros y que son derechos conquistados en el pasado. Pero ¿cuál es la legitimidad de estos argumentos?
El objetivo de la existencia de un seguro nacional de salud es que todos puedan recibir una cobertura de calidad sin importar los ingresos que tenga la persona. Para ello todos los beneficiarios aportan un porcentaje de sus ingresos y con la suma de todos los aportes se financia la misma cobertura de salud para todos. Obviamente si un trabajador tiene un salario bajo su aporte sería también bajo y por sí solo no alcanzaría para financiar su cobertura de salud. Pero dentro del seguro también hay trabajadores con salarios altos y por lo tanto que realizan aportes altos, con los cuales se puede financiar la cobertura de salud de más de una persona. De esta manera los aportes del trabajador de salarios altos sirven para darle cobertura al trabajador de salarios bajos. Ésta es la lógica que tiene el Fonasa y por eso se dice que es un sistema solidario. Pero para que funcione todas las personas de ingresos altos tienen que incorporarse a él.
Actualmente hay casi 50.000 trabajadores distribuidos en más de 60 CA. Pertenecen mayormente al sector privado de la salud (médicos y no médicos), al sector financiero y a algunas industrias (química, tabacalera, Conaprole, Fanapel, entre otras) y su lógica es distinta. En dichas instituciones un grupo de trabajadores tiene sus propios “pequeños fonasas”, aparte del resto. Realizan aportes que no van al Fonasa sino a su propia CA y con ello financian su cobertura de salud. Por tener salarios promedio superiores a los de los trabajadores del Fonasa, sus aportes financian coberturas de salud más amplias y más caras. Esta dinámica lleva a que la cobertura de salud de los demás trabajadores (que en promedio tienen un salario menor) tenga que ser de menor calidad o que tenga que ser financiada por toda la sociedad a través de impuestos.
La existencia de las CA se justifica ante la ausencia de un seguro nacional de salud, pero desde la creación del Fonasa (y aun antes con DISSE) su presencia sólo favorece la fragmentación y la inequidad del sistema.
La realidad de las CA es a su vez diversa, dependiendo de los salarios de sus trabajadores. En algunas sus trabajadores tienen menores salarios, menor cobertura y su incorporación al Fonasa implica una ampliación de sus beneficios (por ejemplo, dándoles cobertura a sus hijos), mientras que en otras (por ejemplo, la CA de los médicos) sus salarios son altos, y éstas son las que más se resisten a entrar al Fonasa.
El 1 de enero de 2011 los trabajadores de las CA deberán empezar a realizar aportes al Fonasa como el resto y recibirán la misma cobertura de salud. Según estimaciones del gobierno, su incorporación generaría un excedente cercano a los US$ 45.000.000 anuales. No parece ser razonable, si se pretende que funcione un seguro nacional de salud, que se permita permanecer afuera a aquellos que les conviene. Más aun si se tiene en cuenta que el programa del FA dice que una de las metas de la Reforma de la Salud es incorporar al Fonasa a todos los uruguayos, incluyendo a aquellos hogares de menores ingresos que no están en el Fondo por estar desvinculados del mercado formal de trabajo.
Que el Parlamento haga oído a los reclamos de las Cajas de Auxilio y exceptúe su ingreso sería una mala noticia y un pésimo antecedente.
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