todo contamina

Argentina afirmó hoy en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que Uruguay presentó a destiempo los informes de impacto medioambiental de la papelera finlandesa Botnia, ya que los elaboró después de concederle el permiso para su construcción.
Así lo mantuvo hoy la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra Laurence Boisson de Chauzournes, quien indicó que lo correcto hubiese sido que Uruguay presentara el informe medioambiental antes de emitir los permisos de obra -concedidos en 2003- y no después, como ocurrió.

Por ese motivo "no creó un informe de acuerdo con los procedimientos" internacionales, afirmó.

Boisson indicó que en lugar de ello, el informe -que fue elaborado por la misma empresa Botnia- se presentó en 2004, cuando ya estaba concedido el permiso de construcción.

Mantuvo que el objetivo de ese documento solamente era "justificar la localización" de la planta, ya que únicamente aporta datos de la zona de Fray Bentos -donde se asentó la papelera- y no incluye "otras alternativas".

Denunció además que el informe medioambiental uruguayo tampoco incluyó un análisis legal, ni se sometió a un período de consulta pública, como habría sido pertinente. La asesora legal especificó que el documento también obvió un análisis de cómo afectaría la celulosa en territorio argentino, así como el estudio de la "morfología del río y su vulnerabilidad".

El profesor de la facultad de Ciencias y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, Juan Carlos Colombo, expuso hoy además los resultados de un informe técnico sobre las consecuencias de la papelera Botnia sobre el medioambiente, el cual está basado en muestras extraídas directamente del río. bo dijo que la planta Botnia, en funcionamiento desde noviembre de 2007, vierte en el río "decenas de miles de toneladas de contaminantes por año". Constató entre otras cosas un empeoramiento de la calidad del aire en terreno argentino como consecuencia directa de los humos y los olores a "huevos podridos" emitidos por la celulosa.

Estimó que esos olores se aprecian a una distancia de hasta 45 kilómetros desde la ribera hacia tierras interiores argentinas. Colombo denunció ante los jueces que ese "trasvase de la contaminación" hacia el territorio argentino "ha sido negado por Uruguay".

También concluyó que el río Uruguay, por sus características específicas de mareas y corrientes, "es incapaz de disolver los residuos tóxicos" de la fábrica. Argentina concluye mañana la primera ronda de exposición de sus argumentos, y el lunes Uruguay empezará a exponer los suyos.

Argentina elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con el argumento de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río que divide a ambos países.

Tanto Argentina como Uruguay solicitaron a la CIJ medidas cautelares que en los dos casos les fueron denegadas. Argentina pedía que las obras de construcción de las papeleras se paralizaran hasta que el contencioso en La Haya llegase a su fin.

Uruguay pidió que el máximo órgano judicial de la ONU obligara a Argentina a paralizar los cortes de puentes internacionales que unen ambos países.

Fuente: EFE