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viernes, 24 de julio de 2009

como volveremos a casa ?


Cinco familias uruguayas que viven en forma ilegal en Utah van a ser deportadas luego de denunciar una presunta estafa al intentar conseguir una visa. Una de ellas tiene niños con síndrome de Down y pide quedarse más tiempo para terminar sus tratamientos médicos. Maite Fernández, en Washington

Cuando en el jardín de infantes de su hija mayor le dijeron que no podían aceptar a otro niño con síndrome de Down, Sylvia Méndez decidió que era hora de dejar Montevideo y buscar otro lugar donde vivir en el que sus hijos pudieran tener más oportunidades. Era el año 2000. Sylvia tenía tres hijos, dos de los cuales, Yanyn de seis años y Daniel de cuatro, fueron diagnosticados con síndrome de Down.

Ella y su esposo, Edgardo Flores, decidieron radicarse en Salt Lake City, Utah. Entraron a Estados Unidos a través del programa de exención de visa, un derecho que rigió durante un tiempo para turistas uruguayos por el cual podían permanecer en el país durante tres meses sin necesidad de visa.

Sylvia, que en Uruguay era funcionaria administrativa, consiguió trabajo limpiando oficinas, y Edgardo, de profesión mecánico, se empleó en una fábrica. Comenzaron a ir a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), la misma que frecuentaban en Uruguay. A los dos años nació su hijo Tomás, que fue diagnosticado con autismo.

Daniel y Yanyn comenzaron a ir a la escuela y sus padres vieron cómo mejoraba su calidad de vida. A los seis años Daniel no hablaba por un problema en los oídos y tuvo que realizarse varias operaciones. Como él sólo decía pocas palabra, en la escuela pública le enseñaron un método para comunicarse a través de imágenes. “Me comunico con él a través de esa forma para indicarle acciones sencillas como lavarse los dientes”, explicó Méndez.

Cuando quisieron radicarse en forma permanente en Estados Unidos Sylvia comenzó a hacer las averiguaciones para conseguir una visa con poco éxito. Por recomendación de una amiga se contactó con Leticia Ávila, una abogada ecuatoriana miembro de la iglesia. Ávila dijo que iba a intentar conseguirle los papeles y les pidió 8.000 dólares. Sylvia y Edgardo hicieron un primer pago de 4.000.

Richard Lemos, un uruguayo vecino de los Flores en Salt Lake City, también le pagó a Ávila y recordó las razones que dio la mujer para ayudarlos. “Ella nos dijo que era una elegida o ‘apartada’ para ayudar a los hispanos en Utah”, dijo.

Pasaron los meses y no recibían noticia de Ávila, por lo que comenzaron a sospechar que habían sido estafados. Al averiguar sobre la mujer descubrieron que era una asistente legal, no abogada, y que trabajaba para una firma local. Nunca más la volvieron a ver. Era marzo de 2006.

Otro miembro de la Iglesia denunció a Ávila y los incitó a testificar. Sylvia y Edgardo no querían, pero finalmente cedieron. “Si testificábamos en un caso federal nos podía beneficiar, porque mostraba que estábamos ayudando a atrapar a una criminal”, explicó Sylvia. según. com

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