se tenia que dar

Con los 50 votos del oficialismo, la Cámara de Diputados dio ayer sanción definitiva a la ley que busca evitar los efectos de la prescripción a partir del 1º de noviembre y que deroga la Ley de Caducidad. Se estima que mañana será promulgada por el Poder Ejecutivo, mientras los jueces y fiscales preparan pronunciamientos.La discusión que terminó en la madrugada de ayer en Diputados tuvo los mismos ejes temáticos que en la cámara alta, y comenzaron a reiterarse: el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Gelman, las declaraciones de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, las consultas populares de 1989 y 2009, y las violaciones a la Constitución, además de las acusaciones cruzadas entre los distintos sectores partidarios sobre las responsabilidades de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

El texto "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985" comprendidos en la Ley de Caducidad. En el segundo artículo establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos" antes mencionados.

El tercero declara que éstos "son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte". Un cuarto artículo especifica que esta norma entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo, que tiene hasta el lunes para hacerlo antes de que puedan advenir los efectos de la prescripción.

La mirada fiscal

atención el debate. Los jueces a cargo de causas vinculadas a delitos cometidos en la dictadura, consultados por la diaria, prefieren no opinar, pero admiten que después del 1º de noviembre su pronunciamiento sobre este tema es inminente. "El Poder Legislativo puede resolver lo que cree conveniente", se limitó a señalar uno de los magistrados.

El oficialismo insistió en que esta norma es un "instrumento" para la Justicia en la aplicación de la sentencia de la Corte IDH en el entendido de que es responsabilidad de los parlamentarios brindarlo. Una vez promulgada, la expectativa se trasladará al Poder Judicial. Los operadores jurídicos, protagonistas de este debate, siguen con

Los fiscales también preparan sus pronunciamientos. "En principio, a mi juicio, no modifica demasiado", señaló uno de ellos en relación a la iniciativa que se estaba votando en Diputados. "El tema está en cómo se considera el fallo de la Corte IDH. De una u otra manera, es el que resuelve si se consideran o no crímenes de lesa humanidad, la prescripción y la cosa juzgada", completó.

Un segundo funcionario del ministerio público considera que una ley "no puede imponer a un juez o fiscal el archivo de los casos". "Hay que mirarlo con atención. Independientemente de la posición de la Corte IDH, que uno respeta y tiene deber de conocerlo, hay dificultades para implantar sin más todo su esquema a la realidad uruguaya", alegó. Al mismo tiempo, señala que la ley tratada en el Parlamento "no es irrelevante para nadie" y que los operadores de derecho deben aplicarla "les guste o no".

"Nadie impide que la justicia investigue los hechos, independientemente de la aplicación de un delito. No es de peso la Corte IDH; reconozco la validez del derecho internacional, pero lo miro con mucho cuidado porque las mismas normas no son aplicables en todos los países", resumió.