espías en el teléfono

La Justicia de Crimen Organizado investiga un caso de espionaje telefónico a un exdiputado del Partido Nacional, hecho reconocido por una funcionaria de Antel. La mujer obtuvo datos de sus llamadas y mensajes de texto "a pedido" de la esposa del político, según confesó en una investigación interna.Un caso de espionaje a un ex diputado nacionalista es investigado por el juez Jorge Díaz, de Crimen Organizado. El curioso caso fue dado a conocer por una crónica del periodista Eduardo Delgado para el diario El País.

Una funcionaria de Antel es investigada por haber obtenido llamadas y mensajes de texto del ex político, así como su ubicación geográfica en base a la información de las radiobases del ente.

Se investiga actualmente por qué y cómo dicha funcionaria -que reconoció el hecho- obtuvo esos datos.

El juez Jorge Díaz citó para hoy a varios jerarcas de Antel a causa de este expediente, iniciado a razón de la denuncia del propio damnificado.

"La contratada a termino utilizaba las potestades de su usuario ACM (sistema informático que registra movimiento de funcionarios en la red de Antel) para investigar los datos relacionados con el celular mencionado", dice la investigación que recoge El País.

El período en que se produjo esta suerte de espionaje va de junio del 2008 a agosto del 2009, y pudo hacerse gracias a que hay 691 funcionarios con la potestad para investigar los listados de las llamadas a celulares.

Motivaciones

En el escrito de la pesquisa consta que la funcionaria implicada dijo haber investigado los llamados "a pedido de la esposa" del ex diputado, que presuntamente es su amiga.

El ex diputado damnificado dijo en su denuncia que comenzó a sospechar que su ex pareja recibía información confidencial de su teléfono a través de alguien de adentro de Antel.

A la funcionaria se la investiga por violar la "Política de Seguridad de la Información" por lo que configuró "notoria mala conducta". Según la crónica del matutino, en el 2008 y 2009 el ex diputado solicitó que se investigara si su teléfono había sido interceptado pero no obtuvo respuesta del ente hasta el 2010, cuando se inició una investigación administrativa.