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Presiones de la Agrupación 810 sobre la lista 17 impidieron que en la nota enviada por una parte del Consejo Financiero de Banca Oficial se aceptara negociar sin medidas como pidió el gobierno.



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Mientras el Poder Ejecutivo ratificó la semana pasada al gremio de Aebu que debe suspender las medidas distorsivas en la banca pública como condición para comenzar a discutir el nuevo convenio colectivo que regirá desde enero, integrantes del Consejo Financiero Oficial enviaron ayer al Ministerio de Trabajo (Mtss) una nota en la que se solicita una reunión urgente para seguir negociando.

La misiva no contempla el pedido del gobierno, pese a que en primera instancia sí estaba previsto hacerlo. Según supo Ultimas Noticias, en su redacción primaria la misiva aceptaba levantar todas las medidas por el lapso que durara la negociación, pero a último momento la presión de integrantes de la lista 810 (ultraizquierda) determinó que se quitara y se plasmara por escrito sólo la intención de "aceptar conversar".

La alianza conformada entre la agrupación 810 y la lista 17 (Partido Comunista, MPP y otros dirigentes de izquierda) ha sido hasta el momento el ala sindical que ha marcado el rumbo del conflicto que Aebu lleva adelante contra los directorios de los bancos oficiales. No obstante, durante los últimos días, luego de la reunión mantenida en el Mtss, se registraron algunas diferencias entre las partes.

De los 11 cargos que integran el Consejo del Sector de Banca Oficial, la lista 810 tiene 3, la lista 17 posee 4 y la lista 98, el resto.

Asimismo, la carta enviada ayer generó molestias en filas de la lista 98 (Articulación), desde donde se afirmó que si bien la nota está firmada por el Consejo Financiero Oficial, no tiene el aval del organismo, que sólo se reunió en una oportunidad después de la cuestionada asamblea realizada el 15 de diciembre.

En tanto, el Mtss estudia por estas horas el pedido del Consejo Financiero Oficial para tomar una decisión. En principio existe la intención de realizar una nueva convocatoria durante esta semana. Por el momento, la postura del Poder Ejecutivo se mantiene en no extender el convenio colectivo que venció el domingo 19. La posición de Aebu se basa en extenderlo por 180 días, mientras se discuta el contenido del nuevo acuerdo.

El conflicto en la banca pública lleva más de dos meses. El diferendo entre la dirigencia y los directorios de los bancos públicos llegó luego de que Aebu reclamara el cumplimiento de aspectos que integran el convenio colectivo hasta entonces todavía vigente.

Allí comenzaron las diferencias entre los involucrados y las afectaciones en los servicios. Dos medidas diferentes efectuadas en la cámara compensadora (clearing) de cheques tuvieron como resultado la acumulación de U$S 500 millones la primera vez y de más de 120.000 cheques la segunda.

Durante este tiempo también la dirigencia afectó servicios del Banco Central del Uruguay (BCU), Banco Hipotecario (BHU) y Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

SECTOR BANCA PRIVADA EXIGE ADELANTAR CONVENIO

El Consejo de Sector Financiero Privado de Aebu reclama que se adelante la negociación del nuevo convenio colectivo que rige para los trabajadores del Banco Santander y se atiendan algunos aspectos incluidos en el que está vigente. El dirigente Fabián Amorena indicó a Ultimas Noticias que el acuerdo vence el 31 de diciembre, por lo que se aspira a que en esta semana las autoridades del Banco accedan a instalar una mesa de negociación.

Durante la tarde de ayer, el sindicato entregó volantes informativos en la sucursal central donde se da cuenta de inconvenientes que se considera deben ser atendidos para "mejorar la calidad de los servicios" que aseguran tienen "una baja sensible" y como contrapartida "un aumento en el costo de los mismos". "Cajas sin funcionarios, escritorios y mostradores vacíos son la práctica corriente y el principal objetivo de la empresa líder en el sistema uruguayo, cuyo único fin pareciera ser la baja de costos operativos, importando poco el servicio que usted merece", se afirman en los volantes.

Amorena sostuvo que existe preocupación porque en días picos de actividad la gente se está viendo perjudicada y en muchos casos debe hacer colas prolongadas, lo que ha sido también motivo de quejas, sostuvo. Largas colas en cajas y mostradores, ejecutivos desbordados, problemas constantes con tarjetas de crédito, débito y pagos de nóminas, demoras en apertura de cuentas, otorgamiento de créditos y permanentes llamadas sin respuestas son dificultades que el sindicato asegura deben solucionarse.

En tanto, se agrega que la falta de recursos humanos por procesos de reestructura interna ha llevado a la sobrecarga de tareas, delegación de funciones y adjudicaciones arbitrarias de responsabilidades "muchas veces fuera del marco legal". El Consejo de Banca Privada se reunirá mañana para evaluar la situación y decidir si se comienzan a implementar medidas. No obstante, Amorena descartó que las mismas puedan afectar la operativa en la zona costera.