corto punzante

La Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) se reunió anoche en asamblea para analizar la declaración de emergencia votada por el Parlamento esta semana que los obligará a trabajar en los hospitales públicos el 20% del horario que dedican a las mutualistas y la posibilidad de adoptar medidas legales.
Los anestesistas se reunieron anoche en asamblea y escucharon el informe jurídico del abogado Alejandro Abal, asesor de la Sociedad de Anestésico-Quirúrgicos (SAQ), quien entendió que la norma es anticonstitucional porque promueve el “trabajo forzoso” que no está habilitado por la Constitución de la República.

La asamblea concluyó con el reclamo de negociar con las autoridades, tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), y pidió negociar la ley de emergencia. Los profesionales quieren negociar con “interlocutores con poder de decisión”. En cuanto a un posible recurso de inconstitucionalidad contra la norma, este tema quedó en suspenso a la espera de que fructifiquen las negociaciones.

Según el abogado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prohíbe el trabajo forzado, con alguna excepción, como el servicio militar obligatorio. Además, este tipo de tarea está permitida en caso de “fuerza mayor” en el caso de inundaciones, terremotos, epidemias y otras calamidades del estilo.

Abal destacó que la fuerza mayor debe tener dos características, la primera es la “imprevisibilidad” del hecho, que en el caso de los anestesistas no se cumple porque hace años que el tema está sobre la mesa.

OTROS MEDIOS

El otro punto para que sea un caso de fuerza mayor es que no haya otros medios para solucionar el problema. El abogado plantea en su documento que hay y hubo otras formas de alcanzar una solución, como la derivación hacia centros públicos y privados de salud, además de haber instaurado un laudo único para todos los médicos.

Además, el informe jurídico cuestiona que sea la Comisión de Salud Pública (presidida por el MSP y miembros designados por el Poder Ejecutivo) la que sancione a los médicos que se nieguen a acudir al llamado, eliminando a su criterio las garantías inherentes al ciudadano en un Estado de Derecho.

En este marco, los anestesiólogos advirtieron que, además del tema salarial, las condiciones de trabajo en los hospitales públicos no son las adecuadas, como la falta de limpieza en los quirófanos por falta de personal y la escasez de equipamiento y material esterilizado.

La norma fue votada en el Parlamento luego que el Poder Ejecutivo la mandara en carácter urgente en vista de las 4.000 operaciones en lista de espera que existen en los hospitales de todo el país por la falta de anestesia, según manifestó el Presidente de la República en su audición transmitida por la emisora M24.

GRAVE SITUACIÓN

Situación que se agravó en los últimos dos meses debido a que los profesionales dependientes de las Comisiones de Apoyo no concurrían a trabajar a los hospitales. Como ejemplo, según datos de Salud Pública, en noviembre solamente se cubrieron el 40% de las horas de anestesia y diciembre cerraría con datos peores por causa de las Fiestas y las licencias.

La norma obliga a los anestesistas a dedicar 20% de su horario laboral en las mutualistas a los hospitales públicos, percibiendo por ello salarios acordes al último llamado de Asse, donde se ofrecía un sueldo de $112.000 por 60 horas semanales. Convocatoria en la que solamente se anotaron 4 anestesiólogos, dos del exterior y dos del interior que luego desistieron y pasaron a trabajar fuera de la capital.