El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, resolvió suspender la aplicación de la privación de libertad en los arrestos a rigor de los policías. La medida no implica que se termine el sistema de sanciones: desde ahora se sumarán puntos negativos a la hoja de servicio, los que se transformarán en arrestos simples. Esa modalidad permite a los jefes de Policía y comisarios autorizar al personal a cargo a cumplir con otras tareas como el servicio 222 o trasladarse a su domicilio, según confirmaron altas fuentes policiales.
La decisión se dio a conocer en una circular a los jefes de Policía de todo el país y había sido anunciada por Bonomi el día 2 de marzo, cuando asumió el cargo.
Traslado. Ayer lunes, 92 reclusas fueron trasladadas desde la Cárcel de Cabildo al CNR. Entre el 5 y el 9 de abril las presas con hijos serán trasladadas a un ex hotel de alta rotatividad en el Paso Molino que es acondicionado como cárcel. El traslado de las presas se debió al riesgo de derrumbe de una zona de Cabildo, que fue clausurada. Para el traslado de estas reclusas se priorizó a aquellas que requerían de mínima seguridad y que "se encontraban en mejores condiciones de participar de la experiencia del CNR", que busca su reinserción social, explicó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
"Esto es el inicio de varios traslados en distintas cárceles buscando bajar el hacinamiento sustancialmente", expresó el secretario de Estado. Además, dijo que dio plazo hasta el 1° de abril a los jefes de Policía para que presenten un estado de situación del delito y un estado de la Policía en cada departamento "para ver dónde reforzar y dónde cotinuar como se está".
Bonomi señaló que en este momento no es una prioridad utilizar más cuarteles militares para nuevas cárceles como Punta de Rieles. El ministro añadió que la empresa que ganó la licitación para obras en Punta de Rieles visitó esas instalaciones junto a arquitectos del Ministerio del Interior y tras firmar un convenio empezar las primeras obras que insumirán tres meses. Acotó que hay "obras encaminadas" en las prisiones de Rivera, Maldonado, el Penal de Libertad y Punta de Rieles.
"Hay más presos de los que las cárceles admiten" y eso "provoca problemas entre los reclusos", tanto de conducta, como de salud.
Las obras que se plantea el gobierno son dos cárceles de alta seguridad y varias de baja y media seguridad para un máximo de 300 personas que puedan desarrollar trabajos complementarios.
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